El Ministerio de Justicia tiene prácticamente terminados dos proyectos que les darán una nueva instancia de mediación extrajudicial a empresas e individuos para renegociar deudas vencidas. En el caso de las grandes compañías que tengan más de veinte empleados, se aplicará un esquema denominado Programa de Negociación para Reestructuración Abreviada, que les da 120 días adicionales para negociar antes de llegar a instancias judiciales. Los acreedores deben aceptar obligatoriamente esta nueva instancia si es solicitada por el deudor moroso. Se trata de una iniciativa razonable, que fundamentalmente toma en cuenta la complicada situación de las numerosas compañías de la Argentina, a causa de sus pesadas deudas. Además, se establecen límites estrictos a la negociación para evitar abusos de los deudores que sólo buscan ganar tiempo. Cuenta con el aval del FMI, que incluyó el tema en la última carta de intención. Los pequeños deudores, incluyendo individuos y PyMEs, tendrán también una nueva instancia extrajudicial, pero sólo contarán con 60 días para finalizar las negociaciones. Mientras dure la mediación, quedan suspendidas las medidas de quiebra o ejecución forzosa del deudor, que de esta forma tendrá un blindaje que le proporcionará algo de aire.
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En el caso de la mediación para pequeños deudores morosos, el plazo previsto para negociar con los acreedores es de 60 días como máximo. Si superado ese plazo no hay acuerdo, deberán darse los mismos pasos que establece la legislación actual: el deudor podrá pedir su concurso preventivo o directamente presentarse en quiebra.
En cambio, para las grandes empresas morosas, el plazo que se abre de negociación extrajudicial se alarga hasta 120 días. A los 60 días deberá informar a la Justicia de la marcha de las negociaciones. Si no hay mayores novedades, el juez puede decidir la finalización inmediata del proceso.
Según la visión de Marcelo Villegas, socio del departamento de derecho financiero del estudio Nicholson y Cano, «este esquema de mediación extrajudicial permitirá ahorrar muchos costos al proceso de negociación entre deudores y acreedores respecto de los gastos que demanda el inicio de un concurso preventivo». Además, destacó que «es muy buena idea que haya una clara separación entre el procedimiento judicial para los pequeños deudores que el aplicado a las grandes empresas».
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