Una delegación de la troika llegó a Grecia para examinar los progresos hechos por el Gobierno en cuanto a ejecución presupuestaria, reducción del número de empleados públicos y privatizaciones, de cara a la autorización de un nuevo tramo de financiación al país mediterráneo.
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Según informó a Efe una fuente de la Comisión Europea (CE), los técnicos de la troika -CE, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)-, a los trabajos de los expertos se sumarán a partir del fin de semana los jefes de misión.
De acuerdo a dicha fuente, está previsto que esta visita sea "de menor duración" que la anterior, que se prolongó durante más de tres semanas, ya que se trata de un examen intermedio de progresos.
Especialmente difícil será el debate sobre la ejecución de los Presupuestos Generales de 2013, ya que el año ha comenzado mal para la Tesorería del Estado, que ha recaudado menos de lo establecido en los objetivos del memorándum por una contracción del consumo que ha sido más profunda de lo esperado y al atraso en los pagos del IVA.
En este sentido, los medios locales citan un informe del gobernador del Banco de Grecia, Georgios Provópulos, filtrado a la prensa en el que se muestra contrario a aumentar de nuevo los impuestos, algo que ya en las pasadas semanas también los ministros del Gobierno habían dejado claro que no harían.
El banco central griego prevé que durante 2013 la economía helena continúe su contracción, por sexto año consecutivo, a un ritmo del 4,5 %, una cifra parecida a la que e pasado viernes ofreció la CE, que revisó su estimación de evolución del Producto Bruto Interno (PBI) del -4,2 % al -4,4 %, aunque ambas instituciones aseguran que en 2014 Grecia regresará a la senda del crecimiento positivo.
El rotativo "Kathimerini" asegura que el Ejecutivo tratará de convencer a la troika de conceder su visto bueno a una suerte de amnistía fiscal que "ofrecería incentivos a los griegos para traer del extranjero su dinero no declarado", siempre y cuando se comprometan a invertir en Grecia.
Sin embargo, parece difícil que la troika acepte esta petición ya que el pasado noviembre se opuso a una iniciativa similar elaborada por el Gobierno de Andonis Samarás que hubiese tasado en un 8 % la repatriación de capitales no declarados a Hacienda.
Otro de los asuntos candentes que, de acuerdo al diario económico "Naftemporikí", podría "poner a prueba la cohesión" del Gobierno tripartito será el despido de empleados públicos.
Los objetivos del memorándum establecen que este año deberán ser enviados 25.000 funcionarios a la reserva laboral, un esquema que establece que estos trabajadores reciben durante un año entre el 60 y el 75 % de su salario base y, si al final del plazo no se les ha encontrado colocación en otro organismo público, son despedidos.
Samarás mantuvo una reunión el viernes con el ministro de Reforma Administrativa, Andonis Manitakis, sobre este asunto y según los medios griegos se acordó ofrecer a la troika el despido de 7.000 funcionarios que actualmente se enfrentan a acciones disciplinarias por diferentes faltas.
Igualmente se tratará la cuestión de las privatizaciones de propiedades públicas, un proceso que avanza con extrema lentitud.
En el primer memorándum de acuerdo con la troika, firmado en 2010, se preveían ingresos de 50.000 millones de euros hasta 2015 por privatizaciones, un objetivo que fue luego reducido hasta los 19.000 millones y después hasta los 11.000 millones, alargando el plazo hasta 2016.
El pasado octubre se aprobó la legislación que facilitará la venta de activos públicos a través del TAIPED, un organismo independiente.
Sin embargo, "Naftemporikí" asegura que la troika podría pedir la renovación de la cúpula de dicho organismo -a pesar de que en 2012 ya fue sustituida- si este año no se cumple el objetivo de ingresar 2.500 millones de euros por privatizaciones.
De que la troika dé el visto bueno a las reformas en Grecia depende el desembolso de los siguientes tramos de financiación: 2.800 millones de euros para marzo y 6.000 millones para abril.
La pasada semana, el Eurogrupo aprobó el desembolso de un tramo en febrero de otros 2.800 millones de euros.
Portugal
Funcionarios de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional comienzan la séptima evaluación de la economía de Portugal dentro del plan de rescate de 78.000 millones de euros, al tiempo que la recesión entra en su tercer año en el país.
El análisis probablemente conduzca a la solicitud por parte del Gobierno de una ampliación de los objetivos de déficit debido al impacto por segundo año consecutivo de la profunda austeridad emprendida por Lisboa en el comportamiento fiscal.
La endeudada Portugal se encuentra en el bache económico más profundo desde los años 70, con unos niveles de desempleo sin precedentes, justo por debajo del 17%, que repercuten en consumidores que afrontan este año el alza de impuestos más importante que se recuerda.
"Ante una situación económica más floja que lo previsto, Portugal probablemente obtenga más tiempo de la troika para reducir su déficit si la disminución del déficit estructural sigue en marcha", expresaron analistas de Citi en una nota.
"Esto nos recuerda que la previsión de una vuelta del país al crecimiento y a un camino fiscal más sostenible parece demasiado optimista para nosotros", agregaron.
El Gobierno y la troika de prestamistas habían previsto una contracción del PBI del 1% este año después de una disminución del 3,2% el año pasado.
Pero la Comisión Europea ya rebajó el viernes la previsión de Portugal para el 2013 al -1,9%.
La Comisión también aumentó su pronóstico de déficit para 2013 al 4,9% desde la proyección del Gobierno del 4,5%.
El primer ministro Pedro Passos Coelho indicó la semana pasada que el país tendría dificultades para cumplir el objetivo de déficit de Europa el año próximo del 3% del PBI.
A pesar de la profunda recesión del país, la troika ha elogiado el impulso reformista de Portugal desde el rescate de 2011. Los inversores también han mostrado su confianza en los ajustes portugueses al comprar deuda lusa en el último año y bajar los rendimientos a 10 años hasta el entorno del 6,3% desde el 17% de hace un año.
Los funcionarios seguramente verán con buenos ojos la primera subasta de bonos del país desde el rescate, una emisión de 2.500 millones de euros a cinco años en enero. De acuerdo con los términos del rescate, se contemplaba la vuelta de Portugal a los mercados de forma paulatina durante el segundo semestre de este año.
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