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En aquella oportunidad, todos los países del G-7 sostenían que nuestro país debía lograr una reestructuración de la deuda que bajara significativamente el monto de intereses que la Nación y las provincias estábamos pagando y prorrogara por varios años los vencimientos de capital. A esto le llamaban Private Sector Involvement o PSI, siguiendo la costumbre inglesa de resumir los nombres por las iniciales. El director gerente del FMI siempre planteaba la necesidad del PSI, interpretando la posición que hasta 2000 era fundamentalmente europea, pero que con la llegada de Paul O'Neill al Tesoro, pasó a ser también norteamericana.
En julio y agosto del año pasado, cuando estábamos negociando el apoyo del FMI para revertir la crisis financiera que comenzó luego de que las provincias y la propia Nación llegáramos a la conclusión de que habíamos perdido el crédito, el gobierno argentino, que por entonces yo representaba, aceptó la sugerencia de buscar una reestructuración de la deuda pública, involucrando activamente a los acreedores no oficiales, tal como lo venían sugiriendo el FMI y los gobiernos del G-7. Pero insistimos en que debía ser una reestructuración «ordenada», sin cesación de pagos, porque de otra forma se pondrían en peligro la estabilidad del sistema financiero interno y los ahorros de los argentinos. Explicamos que los principales acreedores de la Argentina eran los depositantes en nuestros bancos y los trabajadores que venían aportando a los fondos de pensiones, acreencias que excedían con creces a las de los tenedores de bonos argentinos en el exterior. Lamentablemente, al FMI pareció no interesarle que el proceso en el que nos estábamos embarcando fuera «ordenado».
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