En una nota de opinión publicada por el diario "El Cronista", el economista Manuel Solanet comentó los principales aspectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según el analista, el proyecto se centra preponderantemente en normas de información y procedimientos presupuestarios, y no agrega nada significativo a lo ya establecido en la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público actualmente vigente.
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• En el mecanismo propuesto por la ley se establece que tanto el gasto público nacional como provincial podrán crecer anualmente a la misma tasa nominal que el PBI, sin que deba disminuir para el caso en que el producto se contraiga, lo que incrementaría la participación del gasto en estas épocas de recesión. De hecho, si se hubiera aplicado este criterio en el período 1999-2003, dicha proporción de gasto a PBI hubiera aumentado en 15%.
• El proyecto carece fundamentalmente de penalidades personales a los funcionarios responsables por incumplimiento.
• La no fijación de metas cuantitativas para el déficit o el superávit primario, sumada a la falta de control y la ausencia de penalidades, conduciría a que no se respeten nuevamente los límites fiscales.
• El tope máximo sólo hace mención a la relación entre el pago de intereses y amortizaciones respecto del total de ingresos en cada año y no del total de sus pasivos.
• La propuesta necesaria de un fondo anticíclico sólo se expone como un objetivo para cumplir en el futuro.
• No se proponen criterios simples para que puedan elaborarse los presupuestos y no sean el resultado de comprobaciones posteriores, cuando el exceso ya se ha producido.
• No existe un elemento de compulsión riguroso más allá de la penalidad de restricciones al voto en el futuro Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
• Finalmente, el tono mandatario sobre las provincias excede las atribuciones normales del gobierno nacional.
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