Los juicios contra la Argentina por el default pueden, tras el pago al FMI de toda la deuda, afectar más de lo inicialmente previsto. Tras las modificaciones que se introdujeron en el Banco Central surgirían diferentes interpretaciones en los tribunales del exterior sobre si las reservas internacionales del país pueden o no ser embargadas. En el Ministerio de Economía comenzaron a trabajar sobre una solución para los bonistas -con o sin juicios iniciados- que rechazaron el canje de la deuda cerrado en febrero. Obviamente, las condiciones serán, en el mejor de los casos, iguales a las ofrecidas a los tenedores de títulos que aceptaron la oferta inicial.
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Por lo que trascendió y debido a que el FMI no es un acreedor privilegiado, sino tan común como los inversores que compraron títulos de la Argentina, éstos al menos merecen un tratamiento semejante (principio elemental del Derecho que, sin duda, debió atender el Presidente -quien, como abogado, no podía ignorarlo- cuando determinó el desendeudamiento el jueves pasado). Y si bien no se les ha otorgado ese nivel a los que aceptaron el canje, al menos habría que darles una respuesta o una segunda chance a los bondholders que se quedaron afuera (23,85% de la masa inicial). Tema para especialistas jurídicos -si se avanza o no con la medida-, pero con obvias implicancias económicas.
De ahí que en la esfera de la ministra Felisa Miceli se plantearandos variantes en estudio para tentar a esos acreedores que exigen en los estrados judiciales la devolución total de los fondos prometidos (y a quienes desde los tiempos de Roberto Lavagna se les niega no sólo esa posibilidad sino la de inscribirse en el arreglo que ya aceptó 76% de los ahorristas). En suma, se barajan estas alternativas:
• Abrir una inscripción en un book building por parte de aquellos que deseen desistir del juicio y recibir a cambio el mismo trato de los que ya aceptaron el canje. De acuerdo con la cantidad de anotados, luego se efectivizaría o no el ofrecimiento.
• Establecer un plan para que los litigantes puedan participar del canje pasado, el cual dispondría de un calendario de aceptación. Es decir, quienes consientan con la oferta en el inicio, percibirán 100% de lo que ya acordaron los anteriores bonistas, pero ese porcentaje disminuirá progresivamente en la medida en que se demore la decisión a lo largo de una cantidad de meses.
Nadie sabía ayer cuál de estas dos (o una tercera) podría ser la solución final al tema -inclusive, si el gobierno optaría por una alternativa de estas características para no perjudicarse en los tribunales internacionales-; también se evaluaba si se requería un decreto de necesidad y urgencia para formalizar esta oferta. El tema de un úkase presidencial también está contemplado para maquillar en el Banco Central el pago con reservas sin alterar la naturaleza de su carta orgánica: o sea, encontrar un mecanismo de pago con bonos que garantizaría la institución y, a su vez, la formalidad de un compromiso por parte del gobierno para devolverle al Central esta cancelación anticipada al FMI con sumas no inferiores a los 2.000 millones de dólares por año.
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