La desaparición del superávit de las provincias y las complicaciones por las deudas que mantienen con la Nación ya generan conflictos con el gobierno. Era previsible que esto sucediera. Cuando sobra dinero, es más fácil siempre disimular las diferencias. Cuando comienza a escasear, resurgen y salen a la luz, incluso en forma retroactiva. Por eso, no llamó la atención ayer que casi toda la oposición reaccionara utilizando un tema espinoso: los Aportes del Tesoro -una caja para emergencias que maneja el Ministerio del Interior-que nunca fueron girados a gobernadores e intendentes. Suman casi $ 3.000 millones porque el gobierno no los distribuye. Se propone ahora que se compensen con las deudas de las provincias. El proyecto de ley no cuenta con el apoyo del oficialismo, todo lo contrario. Pero la necesidad de los gobernadores puede cambiar esa situación.
Una curiosa combinación se produjo ayer en la Cámara de Diputados cuando casi toda la oposición, a excepción del ARI, se unió tras un proyecto de ley de Jorge Sarghini que obliga al Estado nacional a reconocer una deuda con las provincias -podría superar los $ 3.000 millones- por Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos en los últimos años. Además, modifica el Impuesto a las Ganancias estableciendo una nueva distribución por la que deriva directamente a las provincias parte de los fondos que hoy van hacia los ATN, los que han aumentado sensiblemente desde la salida de la crisis.
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Para el Justicialismo Nacional, el radicalismo, el PRO, el socialismo y hasta parte del juecismo cordobés, «la reducción de los compromisos que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional debió afrontar en cada ejercicio fiscal llevó a más que duplicar el flujo anual de ingresos a lo largo» de los últimos tres años, lo que combinado con un menor giro de ATN hacia las provincias generó la «existencia de importantes disponibilidades e inversiones financieras».
En lenguaje llano los opositores no quieren que la mayor recaudación que recibe el Fondo de los Aportes del Tesoro, una caja administrada por el Ministerio del Interior para atender emergencias y desequilibrios momentáneos en las provincias o municipios, vaya al Tesoro nacional y tenga un destino incierto.
Ataque directo
En su lugar la ley que ayer presentaron por mesa de entradas de Diputados establece que esos $ 3.000 millones pasen a ser reconocidos como deuda del Estado a las provincias de acuerdo con los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Es un ataque directo a una de las cajas más políticas de la administración pública y tiende, además, a sumar un efecto político: la simpatía de algunos gobernadores a los que no sólo se les retacearon aportes, sino que tienen fuertes deudas con la Nación y deben enfrentar mayores costos, como los del programa de financiamiento educativo, y que vieron caer su superávit de caja en los últimos tiempos. La entente de opositores pretende, entonces, que se compense parte de esas deudas con los ATN no distribuidos.
Por eso se exige que el «jefe de Gabinete de Ministros deberá cancelar en el ejercicio fiscal 2007, por un importe equivalente a las acreencias que se le reconocen por la presente ley a cada provincia, obligaciones de las mismas en concepto de sus respectivos servicios de amortización de deudas».
El cambio que proponen en Ganancias es obvio: con el aumento de la recaudación el Fondo de los ATN que maneja Interior se vio incrementado en forma sustancial. Al recibir 2% de la recaudación de Ganancias, un punto de Bienes Personales y una suma fija de $ 20 millones, ese fondo se ha incrementado con la misma velocidad con que se retacea su distribución. Eso es lo que sostienen los justicialistas disidentes Sarghini, Marina Cassese, Eduardo Camaño, Juan José Alvarez; los radicales Fernando Chironi, Roberto Iglesias y Alicia Tate; el socialista Hermes Binner; los macristas Federico Pinedo y Pablo Tonelli, y el juecista cordobés Raúl Merino: «El propósito del proyecto presentado es, en primer lugar, reintegrar a los beneficiarios naturales del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional los recursos que no ha sido necesarios aplicar, y disminuir los fondos destinados a la integración de los ATN», resumieron.
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