La fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, impugnando la autorización dada al monopolio «Clarín» para unir sus empresas de TV paga CableVisión y Multicanal. La funcionaria judicial fundamentó su pedido en que se está violando la denominada Ley de Bienes Culturales -conocida como «Ley Clarín»- y sancionada en junio de 2003, un mes después de la asunción de Néstor Kirchner. Esa norma impide a inversores extranjeros tener más de 30% del capital de empresas de medios de comunicación, pero Fintech, un fondo con sede en Delaware y cuya cabeza visible es David Martínez, un mexicano nacionalizado británico, posee por imperio del acuerdo de fusión 40% de CableVisión, que a su vez es 100% propietaria de Multicanal. El restante 60% de CableVisión es, obviamente, de «Clarín».
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El cuestionamiento de Gils Carbó, que le valió hasta una reprimenda por parte de los integrantes de la Cámara que sí considera ajustado a derecho el APE (acuerdo preventivo extrajudicial) alcanzado por «Clarín» y sus acreedores, incluye el hecho de que Fintech es a la vez acreedor y accionista del grupo, lo que le impediría votar en un APE.
La presentación de Gils Carbó ante el máximo tribunal se pregunta: «¿Cómo es posible indagar el origen de los fondos suministrados por un fondo especulativo constituido en Delaware y en las Islas Vírgenes (paraísos off shore) para adquirir el poder monopólico de los medios de comunicación en la Argentina? ¿Quién financió la creación del conglomerado monopólico, si Grupo «Clarín» SA poco antes había celebrado el APE de Multicanal porque no tenía plata para pagarle a sus obligacionistas?
«¿Qué sujetos extranjeros financiaron la creación de un monopolio multimedia en la Argentina? ¿A qué intereses responden? ¿Puede la Justicia argentina homologar un APE, financiado con fondos de origen indeterminable, realizado en fraude al público inversor que compró obligaciones negociables de CableVisión? En estas condiciones, ¿qué futuro le espera a un país donde se permita violar, sin consecuencias jurídicas, las leyes dictadas para proteger nuestros servicios estratégicos (los medios de comunicación), la soberanía nacional y el orden público económico ante el accionar de fondos especulativos extranjeros?»
Sigue interrogando la funcionaria si es posible «convalidar un APE realizado mediante ilicitudes reiteradas, en virtud de la transferencia posterior del control a Grupo «Clarín» (como decide la sentencia), que fusionando Multicanal con Fintech adquirió un conglomerado monopólico de los medios de comunicación en la Argentina, violando la Ley de Defensa de la Competencia».
Finalmente, se pregunta si es factible que el Poder Judicial permanezca «indiferente ante la entronización de un conglomerado monopólico de los medios de comunicación en la Argentina que amenaza la libre competencia, la libertad de expresión y el derecho del pueblo argentino a que ningún monopolio gobierne la opinión pública de acuerdo a sus particulares intereses corporativos».
Aduce además que la posición de dominio que tiene CableVisión-Multicanal, y que incluye el monopolio de la TV paga y abierta, radio, Internet, diarios, revistas y Papel Prensa, «fue instaurada gracias a este APE ilícito».
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