El gobierno argentino elevó las tarifas aéreas de vuelos domésticos para compensar a las empresas por el aumento de sus costos, especialmente los de gasolinas y salarios, en una medida largamente esperada por las dos mayores firmas del mercado.
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Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno decidió también aplicar un sistema para subsidiar el costo de la gasolina, habilitar a las empresas a contratar seguros en el extranjero y preparar un proyecto de ley que brinda beneficios fiscales a las aerolíneas.
La decisión llega en momentos en que el gobierno negocia con Aerolíneas Argentinas -firma controlada por el grupo español Marsans que atesora el 90 por ciento del mercado de vuelos domésticos- elevar la participación del Estado en la firma hasta un 20 por ciento.
"Merece resaltarse como hecho determinante del sector aerocomercial la significativa incidencia de los costos ligados estrictamente a los insumos y servicios importados remarcándose asimismo el caso del combustible aeronáutico, cuyo precio en pesos se duplicó holgadamente", explica la resolución.
"Asimismo puede observarse que los niveles de precios de la economía mayoristas y minoristas, incluyendo salarios, impactan significativamente y deben ser compensados mediante el incremento tarifario", agregó.
Las tarifas están reguladas con un sistema de bandas, y la resolución detalla los nuevos máximos para cada destino que las firmas podrán aplicar desde el miércoles y una nueva subida que podrá cobrarse desde los primeros días de septiembre.
Además de Aerolíneas, la segunda mayor empresa del mercado local es LAN Argentina, asociada de la chilena LAN .
No había nadie inmediatamente disponible en ninguna de las dos empresas para comentar si el aumento otorgado determina en conjunto una subida promedio de las tarifas del 20 por ciento en dos etapas como estaban esperando.
Según analistas, el aumento de las tarifas aéreas no tendrá impacto en el índice de precios al consumidor ya que no tiene un peso importante en la canasta que mide la inflación, que es una de las principales preocupaciones del gobierno tras la aceleración registrada el año pasado.