El comunicado indicó que la Argentina «está enfrentando, a la fecha, más de 20 reclamos de diversas empresas, que han recurrido ante el CIADI, y además un número similar de reclamos que se encuentran aún en la etapa de negociaciones amigables previstas en los tratados bilaterales de inversión».
Añadió que «la mayor partede esos reclamos proviene de empresas de servicios públicos que aducen haber sido perjudicadas por la devaluación y pesificación de tarifas» de enero de 2002.
Destacó que la Argentina «ha sostenido en el CIADI que los reclamos no encuadran con el objetivo perseguido por los Estados signatarios de los tratados al momento de firmarse».
El comunicado remarcó especialmente que «en ninguno de los casos se ha producido un acto expropiatorio ni se ha discriminado al inversor extranjero o a la empresa internacional con respecto a las nacionales, ni se ha impedido o dificultado el acceso a la Justicia argentina, razones éstas que podrían haber justificado el recurso ante el CIADI».
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