El gobierno habría llegado a un acuerdo con la Corte Suprema para obtener un fallo que le permita frenar el «goteo» del «corralito» eliminando los amparos presentados por ahorristas. Esa decisión de la Corte estaría lista para mediados de agosto y puede tener dos versiones. Se avanzaría con la iniciativa de poder suspender los trámites de amparos en los juzgados de primera instancia, algo que no pudo lograr totalmente la «ley antigoteo». Pero la opción de máxima que maneja el gobierno es conseguir directamente un fallo que declare la constitucionalidad de las normas que rigen el «corralito». Al mismo tiempo, ayer trascendió que el plan oficial del Banco Central contempla otras posibilidades, como lograr que la Corte convalide que los amparos sean pagados con bonos y no en efectivo. Fue una sugerencia de las entidades financieras ante la imposibilidad de seguir atendiendo los reclamos judiciales en el corto plazo. Todas las variantes fueron el tema central de discusión en las rondas de diálogo con John Thornton, delegado del FMI, y la comisión de notables que llegó a Buenos Aires. Mientras tanto, los peronistas de la Cámara de Diputados le pedirán a Eduardo Duhalde una definición concreta sobre el futuro del juicio político a la Corte. El problema no es sólo el radicalismo, que se niega a colaborar con el archivo de ese expediente, sino las diferencias de criterio dentro del propio PJ.
Ayer Duhalde, acompañado por Lavagna, recibió a la comisión de notables. Ayer deslizaron la recomendación de una banca offshore como primer paso. Hoy visitarán el Congreso Nacional y hablarán con empresarios, banqueros y los principales economistas del país.
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Continuaron luego las conversaciones sobre temas monetarios. Lavagna, Sarghini y Nielsen hablaron, ante la pregunta de los visitantes, de los planes para rescatar antes de fin de año aproximadamente 6.000 millones de pesos en bonos provinciales.
Antes de abandonar el Palacio de Hacienda, Lavagna y Nielsen explicaron a los cuatro economistas el porqué de la imposibilidad de abrir el «corralito» financiero con un cronograma como el que propone Pignanelli.
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