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La determinación de la administración central, que a través del Decreto 530 dispuso la devolución de los títulos públicos que los inversores canjearon por préstamos garantizados en dólares, y que luego no aceptaron la pesificación, generó gran resistencia entre las administradoras y puso a la Caja de Valores en el centro de la escena por ser la entidad custodia en la que están depositados esos valores.
En la Caja de Valores optaron por mantenerse el margen del conflicto y voceros calificados sólo argumentaron que «no hay una determinación sobre qué hacer con los títulos, ya que se espera que la definición surja de las partes involucradas, que son las AFJP y el gobierno».
En tanto, fuentes oficiales dejaron trascender que la negativa de las AFJP a canjear los créditos garantizados, y pesificados, por los originales titulas de la deuda en dólares, «no afecta la posición del Ministerio de Economía». «Si ellos quieren seguir con los préstamos garantizados, que se están pagando al día, Economía no tiene problemas, ahora si quieren tener títulos en dólares, anteriores a 2001, van a ir, como todos sus tenedores, a la reestructuración», dijo la fuente oficial.
Destacó que «al momento» de recibir las AFJP el pago de los intereses de los créditos pesificados «queda claro que renuncian a cualquier tipo de reclamo por la propiedad de los otros títulos».
Ante este decreto, las AFJP comunicaron a la Caja de Valores que recurrirían a la Justicia en caso de que la entidad bursátil acatara la decisión oficial, puesto que -explicaron- en cualquier tipo de movimiento de títulos valores se requiere la aprobación de su titular, o sea las propias administradoras.
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