Negocian con las empresas para subir tarifas de gas

Según trascendidos oficiales, subirían las tarifas de gas para los usuarios de todo el país con retroactividad al 1 de este mes. Para los consumidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el alza oscilaría entre 15% y 30% según la cantidad de metros cúbicos consumidos por bimestre, y exceptuaría a los residenciales que menos gastan.

Para el resto del país, los números serían diferentes. En las zonas más frías, el piso para quedar exceptuado sería más alto.

Estos incrementos se destinarían a las distribuidoras y transportistas de gas que no reciben una mejora en sus ingresos desde 2000, cuando la Justicia eliminó la cláusula de ajuste por precios industriales de Estados Unidos. La única excepción en ese cuadro fue Gas Natural BAN, que tuvo un aumento para todas las clases de usuarios que rige desde abril de 2007. Las versiones que surgen de los despachos oficiales son contradictorias. Se habla de que se pedirá a las petroleras una rebaja en el precio de la garrafa que utilizan los sectores sociales más vulnerables que no tienen red de gas domiciliaria.

Para que esa baja se concrete, debería entonces haber también un alza en el precio del gas en boca de pozo que perciben las productoras del fluido, lo que no se contemplaba en las primeras versiones sobre el incremento.

También hay muchas dudas sobre la forma en que se legitimarán las subas, al ser distintas las situaciones en que se encuentra cada una de las empresas.

Por ejemplo, Gas Natural BAN ya tuvo un aumento que surgió de un acta transitoria que pasó por el Congreso y fue aprobada por un decreto. En ese acuerdo, Gas Natural de España, controlante de la gasífera local, se hizo cargo de una eventual indemnización que dispusiera el CIADI -tribunal arbitral del Banco Mundial- a la empresa de EE.UU. LG&E, que fue socio minoritario hasta 2007.

Gas Natural BAN podría percibir ahora un adelanto a cuenta de la revisión tarifaria integral que debió estar en vigencia a partir de este año, o las compensaciones por mayores costos de los tres semestres trascurridos desde el 1 de abril de 2007.

Metrogas, la principal distribuidora del país, que está controlada por British Gas y tiene a YPF como accionista minoritario, no llegó hasta ahora a un acuerdo con el gobierno. Por eso, no pasó las instancias del Congreso y del decreto del Poder Ejecutivo.

Juicio ganado

British Gas tiene además un juicio ganado contra el Estado argentino en el Tribunal Europeo con una indemnización pendiente por alrededor de u$s 200 millones. Si es cierto que todas las distribuidoras tendrán aumento, el gobierno podría pedir un diferimiento, una suspensión o directamente una renuncia a la indemnización.

No hay indicios de cómo se resolverá este aspecto (a lo mejor termina ignorado), por lo cual no parece que el aumento en las tarifas sea inmediato, pero es difícil saber cómo terminará reaccionando el gobierno, y si esta medida de ajuste de tarifas se apura para enmarcarla en algún tipo de giro que pretende dar más confianza a los mercados, como se buscó con el anunciodel pago de la deuda al Club de París. Camuzzi Sur, Camuzzi Pampeana y GASNOR tienen actas acuerdos firmadas con el gobierno y validadas por el Congreso, pero sin decreto del Ejecutivo que permita la puesta en vigencia y el posterior cuadro tarifario aprobado por el Enargas.

En los tres casos, se había acordado una suba de 15% en la tarifa final, sin incluir a los residenciales. En Camuzzi Sur debía regir desde junio de 2007 y en Pampeana desde enero de este año.

Sin embargo, el gobierno les está pidiendo a estas compañías datos que demostrarían que los ajustes irán por un carril distinto al de los acuerdos previos e incluirían ahora a los residenciales (no se sabe si habrá retroactivo a las fechas de los acuerdos). Como estas dos gasíferas operan en las zonas más frías del país, se les está requiriendo una segmentación por temperatura y tipo de consumidor.

Camuzzi Sur y Pampeana también tienen pendiente un juicio en el CIADI iniciado por Sempra, como accionista minoritario. En las actas acuerdo eran las gasíferas locales las que quedaban a cargo de una presunta indemnización por esa acción legal.

Litoral Gas, Centro y Cuyana, al igual que las transportadoras del Norte y del Sur, no tienen acuerdos previos, de modo que no pasaron por el Congreso, ni tuvieron otros avances.

El gobierno podría justificar una suba en las tarifas de gas en la prioridad de no aumentar subsidios o de bajarlos, mediante un decreto de necesidad y urgencia. De todas formas, habría que ver cómo reacciona el Congreso si lo saltean, estando vigente la ley de emergencia, y las entidades de consumidores, que podrían recurrir a la Justicia.