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La primera asamblea de los damnificados se hará el jueves en Sarmiento al 1800, la sede de un sindicato, para después presentar ante la Cámara Contencioso Administrativa la declaración de inconstitucionalidad del decreto.
Uno de los puntos más vulnerables del decreto -sostienen los abogados- es que es discriminatorio, ya que les permite a bancos que no aceptaron pesificar el préstamo garantizado canjearlo por BODEN (son en dólares y vencen en 2012 y 2013), mientras que las AFJP les vedan esa posibilidad.
La Caja de Valores es una parte involucrada en la polémica. Como custodio de los títulos entregados por los ahorristas en el canje de noviembre de 2001, debe ser quien devuelva los papeles originales a los tenedores. Sin embargo, ayer, durante todo el día, analizaron si corresponde o no proceder como indica el Decreto 530, ante la posibilidad de que se trate de un pedido directamente «inconstitucional» el efectuado por la Secretaría de Finanzas.
Por su parte, el titular de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Carlos Peguet, ratificó ayer que quiere mantener los préstamos garantizados, y en todo caso extender los plazos de amortización y tasas de interés. Es decir, el BODEN solucionaría esta situación.
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