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"Nadie puede creer que la política tarifaria de los servicios públicos se vaya a resolver fuera de nuestro país", aseguró el funcionario en declaraciones a EFE.
Rosatti cuestionó de este modo el sistema utilizado por el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial donde la Argentina afronta más de 30 demandas de concesionarias de los servicios públicos que están en manos de empresas extranjeras.
Por la cancelación de contratos y los perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas establecidas originalmente en dólares tras la devaluación del peso de comienzos de 2002, las compañías reclaman unos 16.000 millones de dólares.
Antes de ponerse al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Rosatti fue procurador del Tesoro y hasta el año pasado estuvo a cargo de la defensa del Estado en los juicios interpuestos ante el CIADI.
Rosatti comentó que ratificará la postura de la Argentina en Estados Unidos, donde a partir de mañana, miércoles, participará de la Tercera Conferencia Anual sobre Arbitraje Internacional, a la que asistirán expertos y profesionales de todo el mundo.
En el encuentro, que se llevará a cabo hasta el próximo viernes en la ciudad de Miami, el ministro expondrá sobre la "Perspectiva argentina sobre el arbitraje internacional: aspectos procesales".
"En las demandas por las consecuencias de la crisis de 2001, Argentina no violó el Tratado de Protección de Inversiones. No hubo expropiación de activos ni discriminación porque las medidas económicas afectaron a todos por igual y, aún después de la crisis, las empresas siguieron actuando y liquidando dividendos", manifestó.
Con 32 acciones registradas en su contra, la Argentina es el país más demandado en los tribunales del CIADI en momentos en que el Gobierno y las empresas de servicios públicos privatizadas se encuentran en etapa de renegociación de 62 contratos de concesión.
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