Las jubilaciones aumentarán 15% este año y el incremento se dividirá en dos partes: un primer aumento de 7,5% el mes que viene y el restante 7,5% en julio, según se ocupó de adelantar extraoficialmente el gobierno. Sin embargo, la nueva medida del gobierno de Cristina de Kirchner, que recaerá en casi 6 millones de personas, despertó nuevos temores ante un aluvión de juicios porque no garantiza la movilidad que dictaminó la Corte Suprema en 2006.
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El anuncio oficial se efectuará esta semana y representará un costo mensual para el Estado de $ 500 millones. Esta suma a su vez incluye un aumento en el subsidio que paga el PAMI, para que, quienes lo reciben y cobran la jubilación mínima, alcancen un ingreso de $ 700. Por la nueva medida, la jubilación mínima será de $ 641 a partir del mes próximo y en julio subirá a $ 689, sumado a esto un refuerzo para quienes cobran el subsidio del PAMI, que ascenderá de 45 a 60 pesos. En tanto que el habermáximo pasará de $ 4.374 a $ 4.702 en marzo y para julio a $ 5.054,70.
Pero estos incrementos están lejos de cumplir con la movilidad de haberes que ya exigió la Justicia. De esta forma, el ajuste que aplicará el gobierno desatará una nueva ola de juicios por parte de jubilados que procurarán hacer respetar el fallo judicial.
Por otra parte, este aumento está lejos de equiparar las subas que se están negociando para los salarios en paritarias. Ningún gremio pide menos de 25% y, en general, las demandas rondan 30% de aumento para 2008.
Desencadenante
La Corte Suprema fue la encargada de emitir el que se conoció como «fallo Badaro» el 8 de agosto de 2006, en el que se le ordenó a la ANSES aplicar el Indice de Salarios que elabora el INDEC con el fin de ajustar los haberes previsionales del jubilado demandante Adolfo Badaro, que en su momento también desencadenó olas de nuevos juicios.
Como el Congreso no fija un mecanismo de movilidad para actualizar lo que cobran los jubilados y pensionados, la Corte Suprema se vio en la necesidad de emitir dicho fallo histórico, a partir del cual se ordenó que se le pagara a Badaro un haber con una movilidad equivalente a 88,6% del sueldo que tenía cuando era trabajador activo. Además, se fijó el pago retroactivo desde enero de 2002 hasta la fecha del dictamen. Entonces, el ajuste total fue de 139,7%. Este fallo sirvió para que varios jubilados pidieran la actualización de sus haberes y ahora temen que se multipliquen los reclamos.
Los aumentos anunciados no cumplen, en definitiva, con las expectativas ni de la Justicia, ni de los jubilados. En ese sentido, se espera que los jueces del Alto Tribunal salgan esta semana a dar declaraciones y a recordar que una suba de dicho volumen no representa la garantía de movilidad acorde con el dictamen.
