En términos normales, el Estado tucumano debería retirar la partida de BOCADE en cuestión dentro de 20 días, tal como se comprometió a hacerlo -también por decreto- en enero pasado, cuando decidió lanzar la emisión de emergencia.
Lo cierto es que con sucesivas emisiones, este año se incrementó la masa de BOCADE circulantes de $ 98 millones a $ 168 millones.
El decreto del Ejecutivo tucumano argumenta que no puede sacar de circulación la emisión excepcional de $ 20 millones debido a la situación financiera que atraviesa el país y a la falta de recepción de recursos federales. Según expresa el texto, «esto pone a la provincia en un estado de emergencia económico-financiera y de grave riesgo social». Asimismo, según destaca el diario local «La Gaceta», el decreto firmado por Miranda tiene un error en los considerandos que llama poderosamente la atención: se reclama una prórroga de 120 días, pero en la parte resolutiva pide prorrogar por seis meses más el plazo de rescate de los bonos.
El gobierno de Miranda recurrió exageradamente a este instrumento sabiendo que estos bonos funcionan con normalidad y gozan de buena aceptación, inclusive en ciudades limítrofes de Salta y Santiago del Estero. Pero ahora queda claro --denun-cian en la provincia-que fue una torpeza duplicar el monto circulante, ya que esto comenzó a generar problemas en la operatoria de canje por pesos (el plazo de espera para recibir pesos se triplicó en un primer momento y desde hace meses el cambio se realiza por LECOP) y un considerable desagio de los papeles tucumanos. Esta pérdida de valor de los BOCADE en la plaza financiera local fue creciendo durante 2002 y «hoy se llega a pedir hasta 15% para su conversión en pesos», provocando por consiguiente una importante pérdida de poder adquisitivo para los tucumanos, que cobran sus sueldos íntegramente en estos papeles.
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