La Justicia pidió ayer a la dirección de estadísticas de San Luis una serie de datos sobre inflación para incluir en la causa que investiga la supuesta manipulación de índices difundidos por el INDEC.
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A sólo trece días de que el organismo oficial publique un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), la llamada «Causa INDEC» continúa abierta a partir de la denuncia de la supuesta intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el armado del IPC.
«El martes recibimos un oficio del Juzgado N° 6 (a cargo del juez Federal Rodolfo Canicoba Corral), con fecha 15 de mayo en el que se pide copia certificada de los índices de San Luis desde enero hasta agosto de 2007», dijo ayer a Ambito Financiero el director de Estadística y Censos de dicha provincia, Adrián Garraza. «Ahora nos quedan diez díaz para responder», agregó.
Según explicó el funcionario, se le pidieron los índices hasta agosto del año pasado, mes en el que Patricia Giménez, entonces directora de Estadística y Censos de Mendoza, denunció que habían manipulado la inflación en su provincia. Mientras en esa dependencia habían obtenido 3,1% de suba, el INDEC había dado a conocer 1,5%. «En mi opinión, la Justicia le pide a San Luis los índices hasta agosto para evaluar si existió manipulación porque desde la intervención eran las dos provincias cuyos índices seguían una misma tendencia», dijo.
De hecho, en agosto del año pasado la inflación en San Luis fue de 3,3%, muy similar a 3,1% mendocino.
Además, vale recordar que varias consultoras privadas y analistas confesaron que comenzaron a tomar los relevamientos de dichas provincias cuando creció su desconfianza frente al dato oficial.
De esta forma, la causa caratulada «Paglieri, Beatriz y otros sobre falsedad ideológica» continúa abierta y recaudando la evidencia que se considere necesaria, según confirmaron ayer a este diario fuentes del juzgado que conduce Canicoba Corral. «La causa está detenida en el Tribunal de Casación hace un tiempo considerable, cuando el INDEC apeló porque consideraba que el contacto del juzgado con la información podría afectar al organismo. De hecho, existe una ley que la protege y a ella se recurrió», explicaron.
Más allá de esto, el juzgado demostró que se requieren más pruebas para determinar la situación de la directora del IPC, Beatriz Paglieri, Moreno y todos los imputados sospechados de haber ayudado en la manipulación de la inflación. Por eso comenzaron a buscar en otros lados.
«Se le pidieron los datos de inflación a San Luis para analizar si realmente existió delito o se recurrió a un cambio en la metodología, que es totalmente válido, y si eso resultó en índices diferentes», dijeron desde el Juzgado N° 6.
Al mismo tiempo, desde San Luis Garraza explicó que «cualquiera fuese el método que se utilice para medir la inflación -geométrico, aritmético o medias- no habría forma de que la diferencia entre el índice de precios de San Luis y Mendoza fuese más del doble en agosto del año pasado».
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