La Cámara de Senadores convirtió ayer en ley el proyecto que suspende por otros 90 días las ejecuciones judiciales. El plazo para retomar los remates y subastas vencía ayer, después que se había establecido una suspensión inicial en febrero pasado dentro de la Ley de Quiebras. Quedan prorrogados ahora los remates sobre la vivienda del deudor o sobre los bienes afectados a la producción. Los jueces tampoco podrán dictar medidas cautelares por las que el deudor deba entregar un bien. Pero sí podrán continuar con los juicios ejecutorios hasta el momento del remate. La medida fue resistida por los bancos y también por algunos pequeños productores que no pueden cobrar sus créditos con empresas grandes en problemas. Concretamente, tiene un efecto negativo sobre sectores a los que se quiere beneficiar: impide el retorno del crédito, no sólo bancario sino entre empresas, ante la duda que genera el hecho de que, en caso de no pago, no haya posibilidad de recuperar lo prestado. Desde el Ministerio de Economía había cierta resistencia a la entrada en vigencia de esta ley pero, de todas maneras, se descuenta que no será vetada por Eduardo Duhalde.
El problema ahora es que la Justicia, que se encuentra en algunos fueros al borde del colapso por no poder continuar con las ejecuciones judiciales,
En los fundamentos del proyecto se justificó que «la posibilidad de los deudores de cancelar las acreencias se ve dificultada al subsistir la falta absoluta de crédito interno y externo que paraliza e inmoviliza toda la economía nacional». «Frente a la situación socioeconómica del país, que se caracteriza por una grave recesión, resulta necesario implementar todas las medidas conducentes para el fortalecimiento del desarrollo del sector productivo privado y el crecimiento económico, favoreciendo las condiciones de vida de amplios sectores de la población económicamente activos», dice el dictamen de comisión.
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