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La empresa Meller le reclamó al Estado el pago de una indemnización por medio de una causa judicial que se inició en los años '89 y '90, y que tenía su raíz en los contratos de edición de guías telefónicas y venta de publicidad.
Ese contrato fue firmado por el Estado nacional a través de la empresa ENTel, que en esos años tenía como interventora a María Julia Alsogaray.
El denominado Caso Meller fue uno de los argumentos que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados utilizó para pedir el enjuiciamiento del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, y es el mismo con el cual se pretende llevar a juicio político a otro ministro del tribunal, Eduardo Moliné O'Connor.
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