El gobierno argentino deberá pedir formalmente un «waiver» o dispensa ante el FMI por la Ley de Bienes Culturales o «ley Clarín» que aprobó el Congreso y luego promulgó el Ejecutivo. El representante permanente del FMI en la Argentina, John Dodsworth, le hizo esta exigencia al ministro Lavagna, en el encuentro que mantuvieron ayer. Se violó la Ley de Quiebras vigente, lo que implica un nuevo escollo para garantizar la seguridad jurídica. Se trata prácticamente del único obstáculo para aprobar las metas comprometidas para la tercera revisión del miniacuerdo. Pero hubo, además, importantes definiciones sobre el acuerdo a tres años que ya comenzó a negociarse. Acordaron que miembros del staff del FMI se quedarán en forma permanente en Buenos Aires hasta la tercera semana de agosto para avanzar en cada una de las reformas estructurales que serán incluidas. La intención es llegar a fin del mes que viene con todo listo para redactar el nuevo acuerdo y refinanciar los vencimientos con los organismos a partir de setiembre.
Una de las objeciones planteadas por Dodsworth pasó por la denominada ley de bienes culturales, que según el FMI implica una violación de la actual Ley de Quiebras. Se trata de una cuestión de gran sensibilidad para el organismo, ya que la normativa que busca favorecer a los medios de comunicación endeudados perjudica la seguridad jurídica.
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