El primer capítulo que separa a los negociadores es la vigencia de un mercado de libre comercio de vehículos entre los dos mercados. Mientras Brasil defiende lo que originalmente se firmó en el Mercosur -liberar a partir de una fecha determinada el comercio de unidades-, la Argentina rechaza esta posibilidad y reclama la continuidad del intercambio equitativo de automóviles, camionetas y camiones. En este punto, el gobierno de Néstor Kirchner mantiene una posición inflexible, ya que considera que de aceptarse esta condición, a mediano plazo, Brasil acapararía la mayor parte de la inversión automotriz de nuevas unidades.
El segundo capítulo que separa a los negociadores es el «flex», o porcentaje de equilibrio que tendría que haber por cada vehículo importado. (Brasil propone que se mantenga el nivel actual de 2,1 a 1; mientras que la Argentina pretende una reducción sustancial mucho menor.)
Finalmente hay una distancia considerable en cuanto a la intención de proteger a la industria autopartista del Mercosur. La Argentina mantiene un régimen de reintegro a la facturación del sector, de entre 6% y 8%, para las empresas del rubro que decidan invertir en nuevas plataformas para vehículos fabricados en cualquiera de los dos países. Siguiendo esta política, Peirano exigió que el Mercosur mantenga un nivel arancelario alto para la importación de autopartes desde terceros países (fuera del bloque), para estimular la producción interna.
Brasil, por el contrario, defiende una reducción en el costo de las piezas importadas desde fuera del Mercosur; posición respaldada además por las terminales. Desde el gobierno argentino se argumenta que proporcionalmente el impacto en las empresas autopartistas locales es más importante que en el país vecino.
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