El gobierno ya tiene el proyecto de ley para corregir los efectos negativos del fallo de la Corte Suprema sobre accidentes laborales. Antes de fin de mes lo hará público, luego que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cumpliera el rito de reunirse con todos los sectores involucrados. Pero el dato importante es que el gobierno encara una reforma integral del sistema actual gestionado por las aseguradoras (ART). Así, no sólo se elevarán los montos indemnizatorios, sino que se incorporará la vía civil. El ministro Tomada, fuertemente influido por los gremios, ha orientado algunos lineamientos de la reforma con fuerte impacto para los costos de las empresas. El fallo de la Corte -que tiene pocos conocimientos de economía, derecho administrativo y riesgos del trabajo- finalmente le serviría a la cartera laboral para continuar eliminando los escasos avances en los '90 de modernización laboral. Con la excusa de subsanar el peligro de que se instale nuevamente la industria del juicio, Tomada aumentará el control del Estado sobre las empresas con el consiguiente incremento en los costos laborales. Perderán, lamentablemente, una vez más los desocupados ya que contratar a una persona será más caro y riesgoso.
También se modificará el sistema de control y prevención, al igual que el de denuncias. «El gobierno aspira a que la indemnización sea reparadora y oportuna. Hoy no lo es», dicen en el entorno de Tomada.
Para los aseguradores la probable tarifa promedio implicaría un aumento de 75% respecto de la vigente, y no logrará cubrir todos los riesgos y prestaciones que se quieren establecer.
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