Un informe difundido ayer por el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, reveló el notable retraso en las renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos que se dispuso por la Ley de Emergencia Pública N° 25.561 a principios de 2002.
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Transcurridos seis y años y 8 meses, sobre 52 contratos a renegociar, sólo está concluido el de Aeropuertos Argentina 2000.
Hay otros 15 contratos (entre los que se encuentran los de las eléctricas Edenor, Edesur y Edelap, el de Gas Natural-BAN y los de transportistasde electricidad) en los que se realizaron ajustes parciales de tarifas y se fijaron compromisos de inversión, pero no se llegó a la revisión tarifaria integral, que debía incluir un nuevo modelo para fijar la remuneración y la rentabilidad de las concesionarias, las inversiones y su forma de control, y los derechos de los usuarios.
Hay otros 20 contratos que están en distintas instancias de resolución, pero también sobre renegociaciones parciales y no definitivas. Finalmentequedan otros 10 en los que no se registró hasta ahora ningún avance. En este último caso, se destacan los de las gasíferas TGS, TGN, MetroGas y Gas del Centro.
Como resultado de esta demora del Ejecutivo en avanzar con los contratos de servicios públicos, siguen pendientes en el CIADI juicios contra el Estado nacional que fueron suspendidos pero no desistidos por las empresas con renegociaciones parciales. Según los datos del defensor del pueblo, hasta fin de año vencen las suspensiones solicitadas por 7 empresas. Es probable que las mismas pidan una nueva prórroga de las acciones, pero el hecho también revela la vulnerabilidad del Estado por las demoras incurridas.
Las empresas cuyas suspensiones de los juicios ante el CIADI, vencen antes de fin de 2008 son:
Edelap: el 11 de diciembre.
Camuzzi Internacional (por Camuzzi Sur y Camuzzi Pampeana): el 31 de octubre.
Gas Natural BAN: el 1 de setiembre.
Telefónica: el 7 de octubre.
Edesur: el 19 de noviembre.
Edenor: el 30 de junio. Según el informe, «a seis años de iniciado el proceso, el nivel de acuerdos alcanzado es prácticamente nulo, lo que demuestra un contexto de fragilidad jurídica de gran magnitud».
Añadió que la revisión tarifaria integral fue concebida «como un elemento de quiebre al modelo de privatización». Y destacó que «la persistencia en sostener las continuas prórrogas para su concreción denota la voluntad de mantener el modelo anterior».
El defensor remarcó que «un bloque normativo difuso, ausencia de controles, reclamos no desistidos ante el CIADI, contratos sin ningún avance en la renegociación, constituyen un escenario carente de políticas públicas que permite afirmar que estamos ante una no renegociación».
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