Promete el gobierno mantener plazos fijos en bancos y no tocar acciones en empresas

Para enfrentar las fuertes críticas de la oposición y la desconfianza que se instaló entre los inversores, desde el gobierno procuran dar señales respecto de cómo se manejarán los futuros aportes y lo ya acumulado si se avanza en la reestatización del sistema jubilatorio. En ese sentido, indican que no saldrán a desprenderse de las acciones que poseen las AFJP en empresas cotizantes. Prometen que el desarme de esas posiciones se hará en un plazo de cinco años. Tampoco retirarán los $ 7.000 millones que los fondos de pensión poseen en plazos fijos de bancos privados. Un retiro masivo de esos fondos sólo elevaría más las tasas y aumentaría el nerviosismo. Los ingresos futuros, promete el gobierno, serán repartidos entre el Banco Nación y entidades privadas. Y se volverá de inmediato a invertir en fideicomisos financieros para no afectar el mecanismo de créditos para consumo. También se contratará a una de las grandes firmas de consultoría para que monitoree el uso de los fondos. Pero no será sencillo creerle al gobierno sobre el manejo pulcro de estos millonarios recursos luego de dos años de manipulación de datos de inflación y de haber intentado varios manotazos a las reservas para pagar deuda.

En medio de las dudas por la manera en que el gobierno manejará los recursos que recibirá de los actuales aportantes a las AFJP, desde la ANSeS procuraron tranquilizar a los más escépticos. Plantean que el organismo no saldrá a vender la propiedad en acciones de compañías locales, y que tampoco sacará los $ 7.000 millones que actualmente se mantienen depositados en bancos locales.

«Algunos criterios de inversión van a cambiar y otros no. Pero todo se hará de manera ordenada y predecible», señalaron fuentes del organismo. En el mercado generó alarma que en caso de aprobarse la reestatización, el gobierno pasaría a controlar entre 20% y 26% de compañías como Edenor, Banco Macro, Telecom, TGS y Siderar, por sólo citar algunos casos.

Precios bajos

«Salir a vender hoy estas acciones sería una locura, porque están a precios muy bajos y nuestra idea es defender los precios. Un plazo de cinco años para desarmar las carteras sería razonable», afirmaron. Una venta inmediata de estos papeles implicaría un derrumbe todavía peor. La ANSeS no se quedaría, por lo tanto, con más de 10% de una empresa individual.

Nada de esto figurará en el proyecto de ley. Será definido, en todo caso, a la hora de su instrumentación. «No es fácil convencer al mercado de que tendremos un manejo claro. Pero esto se verá con el correr de los meses», prometen desde la ANSeS.

Un punto especialmente delicado tiene que ver con los $ 7.000 millones de plazos fijos que las AFJP mantienen en bancos privados. En el gobierno prometen que este stock será renovado y que incluso los futuros aportes serán dirigidos tanto al Banco Nación como a las entidades privadas. «Por lo pronto, los actuales depósitos serán renovados con total normalidad», buscan tranquilizar.

También se buscará que los controles sobre la forma en que se manejan los recursos -unos $ 15.000 millones por año que aportan los ahora afiliados y unos $ 90.000 millones ahorrados en 14 años- «sean exhaustivos». En ese sentido, dejaron trascender que nombrarán a una de las consultoras de las denominadas «Big Four» -como Pricewaterhouse, Deloitte y KPMG- para que realice un control profundo de todo lo que se hace con estos recursos.

Queja mayor

Las dudas de los inversores sin innumerables. La mayor queja es que esta medida implica un golpe mortal para el mercado de capitales argentino. «No lo vemos así. Y además el sistema de capitalización no se creó para que la Bolsa sea más grande. Si alguien lo entendió así es una locura», enfatizaron desde la ANSeS.

Se desconfía, además, que la mayor parte de los fondos terminen aplicándose a las necesidades del Estado, como pago de la deuda o el financiamiento de la obra pública. Uno de los puntos más controvertidos pasa por determinar qué empresas podrán colocarle bonos a la ANSeS y cuáles quedarán afuera. O incluso si algunas provincias o distritos pueden resultar perjudicados o beneficiados por esta asignación de fondos, en relación con la simpatía que generen en el gobierno.