Promoción divide a las provincias

Las provincias sin promoción industrial comenzaron ayer, como ocurre anualmente, a objetar el mantenimiento de esa situación en otras jurisdicciones. Lo hicieron después de conocer que aquellas que tienen ese régimen, como San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, lograron mantenerlo en el presupuesto de este año -artículo 39-cuando en el proyecto original había sido cancelado. El encargado de transmitirle sus quejas a Eduardo Duhalde fue el gobernador de Mendoza, el radical Roberto Iglesias, en una reunión mantenida ayer en la Casa de Gobierno. Dijo representar con su queja a mandatarios provinciales, como José Manuel de la Sota (PJ-Córdoba), Carlos Alberto Reutemann (PJ-Santa Fe), Pablo Verani (UCR-Río Negro), Sergio Montiel (UCR-Entre Ríos), Felipe Solá (PJ-Buenos Aires) y Angel Rozas (UCR-Chaco).

Los gobernadores de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja plantearon en su momento en las Comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado, la necesidad de mantener el régimen de promoción industrial, del cual dependen para que las industrias radicadas a favor de él sigan instaladas en estas provincias. El argumento de mayor peso fue que son las que permiten tener contenida la desocupación en niveles razonables.

•Aliados insospechados

En la porfía, así como Iglesias se contactó sin timidez buscando aliados con gobernadores peronistas como De la Sota, Solá y Reutemann, caen en el enfrentamiento provincias administradas por radicales, como Catamarca (Oscar Castillo) y San Juan ( Alfredo Avelín). Con aliados insospechables a favor del mantenimiento de la promoción industrial como es el caso del senador peronista catamarqueño Luis Barrionuevo, que ha hecho en este tema causa común con una alianza política local a la que ha enfrentado en las urnas.

Iglesias le expresó a Duhalde que mantener la promoción industrial le costará a la Nación no menos de $ 700 millones que dejarán de ingresar a las arcas fiscales. «Nos sorprendió que el gobierno le diera el visto bueno a su mantenimiento e inclusive aumentado los cupos de los diferimientos, que llevan la cifra de $ 700 millones a mucho más», afirmó en diálogo con este diario el mandatario mendocino. Dijo que « nuestras empresas deberán pagar impuestos, mientras las que dicen estar instaladas en esas provincias, aunque no trabajen allí, no lo harán, y esto es injusto», casi gruñó.

Disparó munición gruesa al hacerle notar a Duhalde que «cuando estamos hablando de recortar los salarios de los jubilados nos parece una situación dudosamente ética eximir de pagar impuestos a empresas», pareció enojarse Iglesias. No obstante admitió que salió de la Casa de Gobierno sin una respuesta, por lo menos inmediata. « Duhalde se comprometió a contestarnos entre hoy o mañana», concluyó el mendocino, dispuesto a permanecer en la Capital Federal hasta tener una respuesta favorable del gobierno.