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La norma -que tenía media sanción del Senado desde la semana pasada y fue aprobada por Diputados el último miércoles-, además de impedir modificaciones a la oferta prohíbe al Poder Ejecutivo efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada en relación a los bonos en cuestión.
El Ejecutivo deberá dictar los actos administrativos pertinentes y cumplimentar las gestiones necesarias, de acuerdo con las condiciones de emisión de bonos, para retirar de cotización en todas las bolsas y mercados de valores, ya sea nacionales o extranjeros, los bonos implicados.
Esta ley, aprobada en sesiones extraordinarias por el Congreso, tiene el objetivo de dejar en claro a los bonistas que no habrá una mejora en la oferta del canje para los que no se adhieran a la operación.
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