El texto final permite a los países desarrollados del Norte mantener intacto su sistema desvinculado de subvenciones, lo que supone que los ingresos de los agricultores proceden de pagos públicos y no de las ventas de sus productos, según un comunicado.
Para la CCE, este sistema es «injusto» para muchos agricultores europeos que no se benefician de ningún tipo de apoyo (por ejemplo, los productores de frutas y verduras) y para los de aquellos países en desarrollo, cuyos productos tienen que competir con «importaciones indebidamente baratas».
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