Relevo en Repsol pone en jaque a otros directivos

Madrid - El relevo en la presidencia de Repsol YPF ha provocado perplejidad en los círculos financieros y en los mercados. «La Caixa ha tomado todo el poder en la petrolera y en Gas Natural», aseguraban ayer desde un gran banco. La extrañeza, sin embargo, no era tal en algunos despachos de empresarios -sí por el día elegido, que coincidió con el debate de la Ley de Presupuestos-que recordaban cómo, a comienzos de este verano, el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se descolgó con un enigmático mensaje que inquietó a los presidentes de las compañías privatizadas por el anterior Ejecutivo del PP. «Yo quiero gerentes o responsables de empresas que sean honestos, profesionales y que defiendan los intereses de las empresas», dijo. Toda una declaración de intenciones pese a que el número tres del nuevo gobierno socialista matizó que su equipo no iba a forzar ninguna dimisión, ya que los cambios les corresponde adoptarlos a sus respectivos consejos de administración. Pero antes del regreso de las vacaciones, el ministro de Industria, José Montilla, volvió a recordar la importancia de la honestidad y profesionalidad de los presidentes de empresas privatizadas: «El gobierno ni quita ni pone presidentes de compañías, porque eso corresponde a los accionistas. Ahora bien, lo lógico es que los accionistas tengan presente que quieren personas al frente de estas empresas que sean capaces, honestas». De nuevo, más nerviosismo en los despachos, aunque las aguas no tardaron en volver a su cauce a lo largo del pasado mes de setiembre. Las declaraciones de Solbes pronto fueron desechadas hasta por los propios aludidos, después de que La Moncloa les lanzase mensajes tranquilizadores. • Fantasma El súbito cambio en Repsol, sin embargo, despierta otra vez el fantasma de las injerencias políticas en la marcha de las grandes compañías del país, en las que el Estado ya no tiene ninguna presencia accionaria ni puede mover ficha en los consejos de administración. Fue el primer gobierno del PP (marzo de 1996) el que decidió poner en marcha un proceso privatizador de la mayor parte de las empresas públicas. Y para esta tarea puso al frente de las más importantes a Francisco González (Argentaria, hoy BBVA), César Alierta (Tabacalera, aunque ahora preside Telefónica), Alfonso Cor-tina (Repsol YPF), Rodolfo Martín Villa (Endesa, aunque ahora lleva las riendas Manuel Pizarro) y Juan Villalonga (Telefónica). La mayor parte de los elegidos había tenido experiencia en los mercados bursátiles y financieros, lo que, según el Ejecutivo del PP, demostraba su afán por imprimir transparencia al proceso. La oposición, sin embargo, no tardó en atacar y en señalar con el dedo al «lobby popular» por la irrupción en las presidencias de empresas que operan en sectores estratégicos de ejecutivos afines al partido. Ahora, en el entorno de Francisco González (Chantada, 1944) no se cuestiona la posible salida del banquero, que se hizo en 2001 con las riendas del segundo gigante bancario del país, tras la estrepitosa marcha del ex copresidente EmilioYbarra y todos los consejeros procedentes del extinto BBV. Sin embargo, aunque desde la entidad se insiste en que hay una relación fluida con La Moncloa, lo cierto es que González no tiene buenas relaciones con Miguel Sebastián, asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero y que tuvo que dejar su puesto de director del Servicio de Estudios de la entidad. Pizarro, por su parte, llegó a la presidencia de Endesa después de que se retiró su predecesor en el cargo, Rodolfo Martín Villa. El ejecutivo es consejero de la compa-ñía por la participación que tiene en la eléctrica Ibercaja, entidad que hasta hace poco también dirigía. A este alto directivo, amigo personal de González y de Alierta, siempre se le ha vinculado al PP --presidió la Confederación Española de Cajas de Ahorros en la época popular-, aunque colaboró con los socialistas en la expropiación de Rumasa. Otro de los presidentes que llegó al sillón presidencial de una gran compañía de la mano de Aznar fue César Alierta. Sustituyó al controvertido Juan Villalonga al frente de Telefónica en el verano de 2000, pero desde entonces su gestión ha estado marcada por el proceso judicial abierto contra él, su mujer y su sobrino, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera cuando era presidente de la empresa. Alierta ha defendido siempre su «honestidad», pero es el único presidente sobre el que pesa un proceso judicial, por el que el juez instructor le impuso una fianza de 4,95 millones de euros al apreciar serios indicios de delito. Sin embargo, por ahora goza del apoyo del núcleo duro de Telefónica, formado por La Caixa y BBVA.

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