3 de agosto 2004 - 00:00

Responsables de tercer nivel pero gravitantes

CARLOS CHACHO ALVAREZ

Pertenece a los políticos con inteligencia que no han dejado nada positivo al país en su paso por la función pública. Aun en tercer nivel fue responsable también de la crisis de 2001. El escándalo que provocó con la Ley de Reforma Laboral y presuntos sobornos nunca esclarecidos debilitó al gobierno de Fernando de la Rúa que integraba como vicepresidente. Una vez que debilitó a ese gobierno y lo encaminó a la crisis se fue del cargo. Inclusive se preocupó de defenestrar antes al ministro Flamarique, una de esas raras aves que cada tanto afloran en la política para tratar de encarar alguna solución de fondo y que terminan menoscabados. Flamarique intentó algo y dejó algo. Chacho Alvarez nada, salvo jalonar el camino al estallido económico y social.

RODOLFO FRIGERI

Como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires no actuó para frenar el derrumbe financiero de la entidad frente a la demagogia política del gobierno de Eduardo Duhalde. Como permitió dar créditos por centenares de millones de dólares, por recomendación política, no pudo impedir que, al ver tanto relajo en el nivel directivo, gerentes de área y hasta de sucursales hicieran desfalcos propios. Lo observado de tal desmanejo en el Banco Provincia de Buenos Aires hizo encaminar a capitales a alejarse del país. Una institución bancaria oficial manejada así no hacía más que presagiar el desastre que sobrevendría.

LEY DE CONVERTIBILIDAD

Fue un instrumento perfecto, de alta técnica económica para sacar a un país de dos hiperinflaciones seguidas. Era necesario que la población creyera en una moneda estable y que no aumentaran enloquecidos los precios tratando de alcanzar un dólar. Fue cerrar la emisión de moneda espuria, sin respaldo y tirar la llave por la ventana. Sin un dólar medianamente anclado no puede calcularse nada en economía y menos en términos de inversión y retorno. De hecho, hoy hay «convertibilidad» pero, al revés de hace ya 3 años, con un dólar anormalmente alto. El gobierno todos los días tiene que comprar para mantener alto el dólar, discutible forma proteccionista de una industria local ineficiente y de permitir alto ingreso de dólares por exportaciones que aprovecha el gobierno -vía retenciones- para incrementar el presupuesto del Estado y seguir ahorrando sin reducir el gasto público.

Aquella convertibilidad no podía permitirse un Estado en déficit y con gasto creciente desde el sector público. Quitar la mentalidad inflacionaria no fue su único mérito: también permitió un formidable reequipamiento industrial del país del cual todavía estamos viviendo. Se empieza a agotar la tecnología de punta que permitió la convertibilidad con un dólar barato. Con esta paridad excesiva es casi imposible invertir y renovar equipos, sobre todo para quienes cobran internamente en pesos y deben comprar bienes de capital externamente en divisas. Sólo pensamientos muy simplistas pueden criticar toda la etapa de la convertibilidad. Sí hay que admitir que una vez establecida en nivel bajo era difícil salir de ella. No hubo planes serios -ni colaboración en fondos considerables del exterior para hacerlo; unos 40.000 millones de dólares calcula el economista Miguel Bein que se necesitaban para salir sin convulsiones-. Además, no se intentó en los mejores momentos del país en la década del '90, más o menos entre 1994 y 1995. Pero es culpable de tercer nivel, contra lo que muchos suponen.

TERESA TER MINASSIAN

Si a los técnicos del Fondo les cabe culpa en la crisis y en el endeudamiento argentino, también la debe encabezar esta mujer experta en economía. Es la que más cerca estuvo de los números argentinos en la década del '90 para darse cuenta del desastre de las finanzas públicas a que llevaban Duhalde y Menem por sus afanes electoralistas previos a los comicios de 1999. Para colmo ninguno triunfó pero se vengaron sobre el ganador, De la Rúa: le dejaron el sillón presidencial sobre un volcán. A tal punto tuvo responsabilidad, que por el caso Argentina puso fin a su carrera en el organismo y fue trasladada al Departamento de Asuntos Fiscales, sin más intervención en programas de ayuda a países.

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