Camuzzi International le comunicó al gobierno la decisión de suspender los juicios iniciados en 2002 por la pesificación ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial. Sumaban u$s 250 millones y estaban a cargo de las empresas de electricidad de ese grupo. Según informaron al ministro de Planificación, Julio De Vido, en las próximas semanas seguirán igual camino las empresas de gas, precisamente las que tienen planteadas las demandas más significativas.
En EdERSA, el acuerdo con el gobierno rionegrino ya fue tratado en audiencia pública, por lo cual se lo considera muy avanzado.
Con las distribuidoras de gas, la situación es distinta porque recién en las últimas semanas habría comenzado un intercambio más fluido con la unidad de renegociación, y porque Camuzzi inició juicio por estas compañías, en conjunto con la americana Sempra, que es socia sólo en las gasíferas. Voceros de esas empresas dijeron que en el momento de adoptar una postura, ésta deberá ser conjunta.
La decisión de la empresa italiana coincide con la convicción de que las privatizadas utilizarán el juicio contra el Estado como instrumento de presión para lograr mejorar sus ingresos, ahora que el gobierno le pagará al Fondo Monetario y ya no deberá cumplir con un programa de metas de ese organismo.
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