El 10 de octubre de 2006 se reunirán nuevamente en Vancouver los representantes de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y es probable que traten nuevamente un déficit importante de la legislación argentina en esa materia: el hecho de no tener tipificado en la legislación penal el delito de terrorismo y, en consecuencia, tampoco de financiamiento a esa práctica.
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En la última reunión de esa liga, que se realizó en París del 19 al 23 de junio pasado, el gobierno argentino estuvo a punto de recibir un apercibimiento por iniciativa de los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Canadá. En cambio, Brasil y España salieron en defensa de la Argentina, enumerando los avances que se habían producido en la lucha contra el lavado de dinero durante los últimos años.
La tipificación del terrorismo sigue siendo una tarea difícil para los legisladores, que no se ponen de acuerdo en la caracterización de ese tipo de crimen. Según Alberto Iribarne, el ministro de Justicia, «hay una doctrina contemporánea que dice que los crímenes terroristas no prescriben porque son de lesa humanidad». En la línea de Iribarne, el secretario de Política Criminal Alejandro Slokar sostiene que «por tratarse de armas de destrucción masiva e indiscriminada de vidas humanas, el terrorismo constituye un crimen de lesa humanidad y, como tal, es imprescriptible».
El criterio de Slokar incide directamente en la marcha de las causas de la AMIA y la Embajada de Israel. Pero también influye, indirectamente, en la situación de quienes pueden haber cometido actos terroristas en la década del 70: si para configurar ese delito se requiere que sea «masivo e indiscriminado», entonces es posible que aquellas operaciones no sean alcanzadas por la definición de «terrorismo». Por lo tanto, no habría justificación urgente para remover los indultos que dictó Carlos Menem para beneficiar a activistas de los 70, como el diputado Miguel Bonasso, por ejemplo. Como puede observarse, una discusión que puede provocar a Mary O'Grady, la implacable editorialista de la sección Americas de «The Wall Street Journal», a dedicar otra de sus notas a Néstor Kirchner por su predilección por reclutar como funcionarios a ex terroristas.
Competencia
Mientras se dirimen estas definiciones jurídicopolíticas, el gobierno sigue sin encontrar al funcionario ideal para designar al frente de la Unidad de Investigación Financiera, cuya organización fue modificada para adoptar un sistema de conducción unipersonal (tendrá un presidente y un vice). En esa designación no intervienen demasiados funcionarios: se trata sólo de una nueva competencia entre Alberto Fernández y Carlos Zannini por un área de relación con la Justicia y, en este caso, con la investigación de un delito delicado por la sensibilidad del sistema financiero.
Según las últimas informaciones que trascienden de la Casa Rosada, la candidatura de Julio Postiglione retrocedió demasiados casilleros, igual que la influencia de sus padrinos, Marcelo Saín (jefe de la Policía Aeronáutica) y Horacio Verbitsky (periodista y asesor presidencial también ligado a la Aeronáutica pero en otras décadas).
En carrera
En cambio sigue en la lista de espera Abel Fleytas Ortiz de Rozas, el titular de la Oficina Anticorrupción, ahora en competencia con otro postulante del planeta Fernández, Marcelo Kohan, un abogado que forma parte del staff de asesores del ministro Iribarne. Ahora, con las modificaciones que introdujo Jorge Telerman en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, también quedó en disponibilidad Eduardo Hecker, quien sigue fichando como presidente del Banco Ciudad y con alguna expectativa para convertirse en titular de la UIF o, en su defecto, del Mercado Abierto Electrónico como director representante de la banca oficial.
El titular de la UIF tendrá un poder considerable. Podrá por sí ordenar el secreto bancario, disposición que hasta ahora sólo podía llevarse a cabo merced a una autorización judicial. Fleytas, Kohan, Postiglione, Hecker o quien Kirchner ponga en la UIF deberá competir con el responsable de la investigación del lavado de dinero del Banco Central, Zenón Biagosch, un sobreviviente del lavagnismo que se desempeña como segundo de la Superintendencia de Bancos. Esas funciones, tan delicadas y estratégicas en la relación con el sistema financiero, hacen que algunos apuesten a que el titular de la UIF no será de la escudería de Fernández, sino de la del propio Kirchner: es decir, que allí se designará a un « pingüino» puro, con lo cual Zannini habrá ganado la batalla.
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