Moyano y Tomada, ayer, en el Ministerio de Trabajo durante el anuncio del aumento del salario mínimo.
Los integrantes del Consejo del Salario acordaron ayer un haber mínimo de 800 pesos, a partir de noviembre próximo.
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El anuncio lo hicieron ayer por la tarde, en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, los sindicalistas de la CGT y los dirigentes empresarios, luego de la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, convocada por el Gobierno.
Los trabajadores percibirán 760 pesos en agosto, 780 en octubre y 800 pesos en noviembre próximo, aunque el líder de la CGT, Hugo Moyano, explicó que, en realidad, ese monto será de 883 pesos incluyendo "las asignaciones familiares y el aguinaldo".
En la conferencia de prensa, realizada en el auditorium de Leandro N. Alem al 600, el secretario adjunto de la CGT, José Luis Lingeri, aclaró que desde 1993 a la actualidad "el salario mínimo aumentó en más del 300 por ciento, es decir, fue recuperado hasta ahora en tres ocasiones por el gobierno de Néstor Kirchner".
"El 22 de julio de 1993 el entonces presidente (Carlos Menem) fijó por decreto un mínimo de 200 pesos, valor que nunca fue mejorado hasta la asunción del actual Jefe de Estado, por lo que desde esa fecha a la actualidad fue incrementado en tres oportunidades, lo que representa más del 300 por ciento", sostuvo.
Tomada subrayó que el acuerdo obtenido ayer clausura "una muy dinámica y rica etapa de la negociación colectiva", reivindicó "la discusión racional que ha comprometido a todos los sectores" y reclamó a los trabajadores que exijan "el cumplimiento del nuevo piso" y, a los empresarios, que "indefectiblemente lo abonen".
"El nuevo mínimo debe ser respetado por todos los empresarios del país, tengan o no trabajadores en blanco", aseveró Tomada, quien afirmó que el acuerdo logrado responde a "las posibilidades de los diferentes sectores en el actual momento económico".
El ministro invitó a los empresarios a avanzar en la tarea de "registro y blanqueo de los trabajadores" y detalló que en ello también colaborará la CGT y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en tanto el adjunto de la UIA, Horacio Martínez, puntualizó que el acuerdo representó "el esfuerzo posible".
"Las cámaras empresarias iniciaron la negociación con vocación y ánimo de alcanzar un acuerdo, aunque reclamaron que se tenga en cuenta las distintas realidades regionales y el bajo nivel de desarrollo de algunas zonas, no obstante los esfuerzos que realiza el gobierno nacional para revertir esa situación", dijo Martínez.
"Es un salario para todo el país y, como hay empresas que no están tan bien, solicitamos que se pagara en cuotas.
Queremos un mercado interno pujante y con mejores salarios", concluyó. Por su parte, Tomada recordó que desde la asunción del actual gobierno -el 25 de mayo de 2003- se determinó como "prioridad" en la agenda de Trabajo "el combate del empleo en negro o ilegal" y, en ese sentido, señaló que "se ha recuperado la desmentelada inspección del trabajo, incorporando a casi 400 fiscalizadores".
"El presidente Kirchner oportunamente ordenó que se triplicara el presupuesto en ese área", concluyó el ministro de Trabajo.
Luego de demoras y de arduas discusiones, las cámaras se avinieron a acordar un mínimo de 800 pesos, pagadero en tres veces, aunque Moyano aseguró que "lo más importante es que desde noviembre el ingreso inferior aumentará un 27 por ciento, por lo que la CGT está satisfecha y continuará siempre reclamando".
Moyano reivindicó la gestión de Tomada, que en forma permanente colaboró "con propuestas para consensuar el acuerdo final" entre las partes, y sostuvo que "la negociación fue muy difícil y los 883 pesos de ingreso total a partir de noviembre superarán por primera vez la denominada línea de pobreza".
El trabajoso acuerdo final fue logrado luego de "difíciles negociaciones", en las que en diversas oportunidades Tomada debió apelar al diálogo por separado con los representantes de la CGT, la CTA y los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad patronal más reacia a producir el nivel de la mejora.
Por su parte, el delegado de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en la comisión del Consejo, Pedro Wasiejko, firmó "un dictamen por la minoría", opuesto al de la mayoría, que reclamó "un haber provisional de 857 pesos y una política de inspecciones", aseguró el asesor letrado Horacio Meguira.
El abogado explicó que el despacho de la CTA demandó también "la conformación de una agenda para determinar el valor de la canasta básica, asignaciones universales por hijo y para todos los mayores excluidos de la seguridad social y un proyecto de ley consensuado sobre Seguro de Empleo y Formación", afirmó.
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