Sólo un millón de trabajadores de los más de 11 millones comenzaría a recibir en los próximos días el aumento salarial de 100 pesos dispuesto por el gobierno. Automáticamente quedan afuera 8 millones de personas entre empleados públicos, el personal jerárquico, los autónomos, los trabajadores de las empresas monotributistas y, obviamente, los empleados en negro. Sólo un tercio de los tres millones de trabajadores restantes desempeña tareas en empresas que estarían en condiciones de cumplir con el pago. Se trata de empresas exportadoras y de sustitución de importaciones que tienen posibilidad de absorber sin problemas el aumento salarial. Otro tercio comenzó ya a negociar algún tipo de flexibilidad en el pago, como liquidarlo en 12 cuotas en lugar de 6, postergar el pago por unos meses o reducir las horas extra o las horas trabajadas. En este capítulo se encuentran las automotrices y empresas de servicios. El resto de las compañías directamente no lo pagará, al entender que están al borde de la supervivencia y que un aumento salarial implicaría su cierre. Entre éstas están las de la construcción, el comercio y las PyMEs. En estos casos se estudia declarar a la empresa en «procedimiento de crisis» ante el Ministerio de Trabajo. Un panorama que no contempló el gobierno por su apresuramiento en buscar soluciones a la crisis por decreto, cuando la realidad económica no da más lugar a este tipo de medidas.
Tanto los que piensan en la forma de renegociar y flexibilizar el aumento como los que consideran imposible aplicarlo, deben cumplir plazos legales para estar autorizados a no liquidar los 100 pesos. Según el laboralista
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