El juez nacional en lo civil Juan Manuel Converset ordenó al Banco Hipotecario que se abstenga de ejecutar créditos impagos garantizados con viviendas otorgados antes de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, informaron ayer fuentes tribunalicias.
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La medida cautelar dictada por el juez de primera instancia, que según las fuentes comprende los casos de unas 100.000 familias, tendrá vigencia hasta que se expida la Unidad de Reestructuración creada por Ley 26.177 para el análisis y reformulación de la totalidad de esos mutuos.
La resolución de Converset fue tomada ante una medida de amparo solicitada por la Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar (ADEVIFRA), debido a que citada Unidad aún no formuló propuestas de reestructuración de los mutuos pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional.
El artículo 2 de la ley 22.262, invocado por ADEVIFRA, prevé que "en tanto la Unidad de Reestructuración no se expida con respecto a lo establecido en la Ley N§ 26.177, no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y la demora no devengará intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor".
Converset dispuso "que el Banco Hipotecario S.A. se abstenga de ejecutar como de liquidar intereses compensatorios, punitorios y gastos de deudores respecto de los mutuos hipotecarios involucrados" en los artículos 1 y 2, respectivamente, de las leyes 26.177 y 26.262.
Esta última norma prorrogaba por 90 días el plazo para que la Unidad se pronunciara sobre los mutuos, pero ese término se cumplió semanas atrás, aseguraron allegados a ADEVIFRA.
El magistrado ordenó notificar su decisión al Ministerio de Economía y Producción, como "ámbito de funcionamiento de la Unidad de Reestructuración".
El 18 de octubre pasado, un grupo de deudores hipotecarios -nucleados en ADEVIFRA- entregaron un petitorio a las autoridades de la Cámara de Diputados en el que solicitaron el "urgente tratamiento" de un dictamen firmado por la Unidad de Reestructuración de Deuda, integrada por funcionarios del gobierno nacional y legisladores, y que destrabaría su situación.
En el petitorio, que entregaron en la diputada Araceli Méndez de Ferreyra, miembro de la Unidad de Reestructuracion, los deudores enfatizaron que el dictamen ya fue enviado por el Ministerio de Economía y Producción al Congreso de la Nación, por lo que "ya reviste estado parlamentario".
"Estamos frente al final de un largo camino de mas de diez años de lucha, contra las injusticias y arbitrariedades del Banco Hipotecario, entidad que pretendió boicotear en todo momento el trabajo de la Unidad de Reestructuración", señaló en esa oportunidad ADEVIFRA a través de un comunicado.
Al fundamentar el pedido de "urgente tratamiento", expresan que está próximo "el vencimiento del plazo de suspensión de las ejecuciones acordado por las leyes 26.177 y 26.262".
Los deudores que resultarían beneficiados con el dictado de nuevas normas son aquellos que tomaron créditos antes de la convertibilidad para la adquisición de una vivienda a través del Banco Hipotecario, sobre los que pesan procesos judiciales por deudas impagas.
El dictamen de la Unidad de Reestructuración apunta a obtener una ley que imponga una metodología de recálculo de los créditos originados antes del 1 de abril de 1991.
Entre otros aspectos, el pronunciamiento destaca que "se debe respetar la letra de los contratos y el espíritu de los créditos que financiara el ex Banco Hipotecario Nacional, atendiendo el fin social que motivara a dicha entidad".
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