Un gobierno a la caza de patrimonios ajenos

El mundo se desarrolló cuando descubrió que el negocio mayor de las sociedades es encontrar las coincidencias para crecer todos juntos. Es el sistema de creación de riqueza que corresponde a la gente imaginativa y respetuosa de lo ajeno, base de la democracia. Así lo hacen todos los países avanzados.

En el Tercer Mundo y los bananeros, por el contrario, lo que ocupa las mayores energías es sacarle algo al resto. Son democracias deficientes o dictaduras. Ese juego expropiatorio es frustrante y por eso son pobres y la gente huye.

El «corralito» es sólo una manifestación de ese apoderamiento de patrimonios ajenos. Ante el pavor de la administración De la Rúa-Cavallo, la gente comenzó una huida de sus inversiones en el país, para no ser expropiada, que se aceleró a fines de noviembre de 2001. También huyeron de bonos y empresas, sin que los políticos reaccionaran, ofreciendo seguridades de que no expropiarían. Las siguientes autoridades iniciaron su gestión removiendo dos escollos a sus afanes. El default y la Ley de Convertibilidad. En su visión, el primero les daría acceso a los fondos asignados para atender las obligaciones. El segundo, la ley más odiada por los dirigentes salteadores, las excusaría del «cerrojo cambiario», un eufemismo para la restricción presupuestaria y el control de gestión. En efecto, la emisión ya autorizada eliminaría la necesidad de recaudar; la inflación que vendrá impedirá la comparación de costos, esencial para controlar la eficacia de los gastos. Pero esa inflación también les negará los recursos que pretenden. El desdoblamiento del mercado cambiario les facilita la discrecionalidad. A unos le pesifican a 1, a otros a 1,4. Los menos amigos tendrán que pagar en dólares libres.

Pero, no satisfechos, intentan modificar la Ley de Quiebras y otras medidas que alteraran los patrimonios individuales de todos.