Un llamado fondo buitre es un conjunto de inversores financieros a riesgo puro: compran activos basura (por casi insalvables) en todo el mundo. Con esa carroña juegan a que si ganan, pueden triplicar el valor de su inversión. Invertir a riesgo existe en todos los países y en casi toda la economía. En algunos casos, esa apuesta al riesgo les saca incertidumbres a otros y recibe nombres agradables, por caso «mercado de futuro». Pero siempre se apuesta a jugar con el desastre (por ejemplo en trigo, maíz y productos primarios del agro, a que venga alguna sequía terrible que, por escasez, multiplique lo invertido. El productor que no quiere riesgos opta por asegurarse el valor presente). El inversor en «bonos basura» lo puede hacer comprando barato acciones u obligaciones en empresas con riesgo de quiebra en un país. Apuesta a la recuperación a otros que temen perder más si esperan. O compra bonos de países como la Argentina que están a sólo 30% de paridad. No se quedan a esperar: accionan judicialmente. Un fondo así, buitre, quiere saldar vencimientos por 700 millones de dólares de bonos argentinos y hay un juez norteamericano que dio plazo hasta el 31 de octubre (próximo viernes) para que la Argentina pague (todo, parte o con rebaja) sin importarle buitres o no. Si no, lo intimará a hacerlo e inmediatamente dictará embargos. El gobierno no cree en la efectividad de estos embargos. La experiencia dice lo contrario: Perú, Ecuador y muchos más terminaron pagando y más caro (por sumar costosos honorarios de abogados propios y costas de la otra parte). Un particular trataría de arreglar. Los gobernantes se tientan con «aguantar» su período y que otro luego cargue con el tema. No es bueno para ningún país hipotecar generaciones futuras.
Más allá de las consecuencias legales en lo inmediato -limitadas por ausencia de bienes embargables-, el impacto más temido de esta decisión judicial es que cada vez sean más los inversores que se vuelquen a iniciar demandas contra el país. Más ante la falta de perspectivas alentadoras existentes tras la presentación efectuada por el ministro Lavagna en Dubai y la última gira por Europa, Japón y los EE.UU. Precisamente mañana, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se encontrará en Nueva York con banqueros norteamericanos y representantes de acreedores. Trascendió que ante el poco éxito alcanzado con inversores japoneses y europeos, muchos participantes desistirían de concurrir al encuentro.
Ayer, en Morelia, México, donde se desarrolló la reunión del G-20 que agrupa a países industrializados y emergentes, Roberto Lavagna se reunió con el secretario del Tesoro de los EE.UU., John Snow. Obviamente, la complicación de las negociaciones de la Argentina con acreedores fue el tema saliente. Según el portavoz del Palacio de Hacienda, Lavagna detalló la evolución de la economía argentina, «haciéndole puntualizaciones sobre el crecimiento, la inflación, la situación fiscal y los mercados financieros».
Las consecuencias en lo inmediato del fallo del juez Griessa para el gobierno argentino son las siguientes:
• Si Griessa dispone este viernes la intimación a la Argentina para que pague, inmediatamente el gobierno plantearía una apelación a una instancia superior, pero que sólo le permitiría estirar la sentencia definitiva por 90 días adicionales.
• Dart podría solicitar el embargo en Euroclear (una caja de valores con registro, pago y compensación de activos financieros) con sede en Bruselas, de todos los pagos que efectúe la Argentina a inversores.
• Los abogados del gobierno argentino -el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton- no descartan que sea convocado por el juez Griessa el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, para que informe en detalle los activos de la Argentina en los EE.UU. Cabe recordar que el juez Griessa tomó la decisión de no innovar y congeló la ejecución del fallo hace 45 días.
Otro resultado poco favorable para el equipo económico fueron las declaraciones del viernes del subsecretario italiano de Exteriores, Mario Baccini, quien aseguró que su país adoptará una «postura de firmeza» sobre los bonos del Estado argentino y calificó de «inaceptable» la propuesta del gobierno de Kirchner. Destacó también que el Estado italiano tampoco se ha planteado la hipótesis de comprar los títulos bloqueados y hacerse cargo de la deuda, al señalar que «no es viable ni desde el punto de vista político ni del financiero». Desde el equipo económico, habían imaginado una solución en la que gobiernos de países donde más inversores existen afectados por el default argentino -Italia y Alemania básicamente- ayuden financieramente a la salida de la Argentina del default. No será por esta vía, a la luz de las declaraciones de Baccini.
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