La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamentó, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y aseguró que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización sobre la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresó en la nota su "sorpresa" al conocer que "un Gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas".
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- sólo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
"El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados parte limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia", indicó Yans.
El experto belga añadió que "la decisión del legislativo uruguayo no tiene en cuenta el impacto sanitario negativo, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas".
"En particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente a su desarrollo", recalcó, al tiempo que señaló que la legalización tendrá "el efecto perverso de alentar la experimentación (a edad) temprana".
Según la JIFE, esta sustancia "puede afectar a algunas funciones básicas del cerebro, al potencial cociente intelectual y al rendimiento académico y laboral, además de deteriorar la habilidad para conducir".
Yans acusó a los legisladores del Frente Amplio de no tener en cuenta los datos aportados por la propia comunidad científica uruguaya y resalta que la presunción de que la legalización servirá para combatir el mercado negro de la droga y el crimen se basa "en supuestos bastante precarios y sin fundamento".
Sin competencias para establecer sanciones, en el pasado la JIFE ya criticó la aprobación de leyes que prevén el uso terapéutico de la marihuana en distintos países. Más recientemente, criticó la legalización para el uso con fines recreativos de esa sustancia en los estados norteamericanos de Colorado y Washington.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dijo, en tanto, que está de acuerdo con las conclusiones de la JIFE y consideró "desafortunado" que se haya aprobado esa ley sin esperar a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU prevista para 2016 sobre el problema de los estupefacientes.
El proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, legaliza la compraventa y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga.
Los consumidores registrados, según prevé la normativa, podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
Se espera que la marihuana comience a venderse en las farmacias habilitadas desde septiembre próximo, para los residentes que accedan a registrarse.
La aprobación de la ley generó numerosas repercusiones ayer en todo el mundo.
Paraguay también criticó la medida al afirmar que su vigencia significará un aumento de la importación de marihuana de origen ilegal desde Paraguay.
"Al legalizarse la marihuana en Uruguay bajo el supuesto control del Estado, lo que hará va a ser consolidar la tendencia al aumento del consumo de ésta y otras drogas y estimular la importación clandestina desde Paraguay, cuya hierba es de las mejores y barata", afirmó el ministro paraguayo Antidrogas, Luis Rojas.
"No se puede probar qué va a pasar, porque se va a experimentar con la salud de la gente. La marihuana sigue siendo un gran desconocido. No hay datos científicos suficientes para dejarla circular libremente", explicó Rojas.
"Consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay", comentó, por su parte, el canciller venezolano, Elías Jaua, tras manifestar su respeto por esa decisión.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que se trata de "una decisión de un país soberano que puede adoptar estas medidas en vista de la situación que enfrenta", aunque advirtió que "esa no es nuestra posición" tras responder a una consulta sobre si el Gobierno boliviano podría impulsar una legislación similar.
En tanto, en una carta abierta, 114 organizaciones de todo el mundo dieron la bienvenida a la ley.
| Agencias EFE y AFP, y Ámbito Financiero |
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