Allanamientos ilegales, una plaga que cae sobre Caracas por las noches

Los operativos son violentos e incluyen destrucción de propiedades y hasta robos. Ya se denunciaron al menos doce casos.

Patrullas. Las protestas opositoras, muchas veces violentas, están desbordando a las fuerzas de seguridad en Venezuela.

Los Teques (Venezuela) - Las fuerzas de seguridad venezolanas llegaron la semana pasada a un complejo de departamentos en una localidad de las afueras de Caracas tras una manifestación de la oposición, gritando acusaciones de que adentro había armas almacenadas, según testigos. Sin mostrar una orden judicial, decenas de efectivos arrancaron verjas y tiraron abajo puertas en el complejo de once edificios de Montaña Alta, en Los Teques, dijeron residentes, agregando que dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos una vez que ingresaron.

Estos allanamientos son una respuesta cada vez más habitual del Gobierno de Nicolás Maduro a tres meses de protestas opositoras, a menudo violentas, para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas y una solución al caos económico.

Dilcia Díaz, de 63 años y residente de Montaña Alta, aseguró que las tropas rompieron con sus armas una ventana de su departamento, situado al nivel de la calle. "Me apuntaron y me dijeron: 'Métase, señora, porque si no usted sabe lo que va pasar'. No querían que lograra ver lo que estaban haciendo", comentó Díaz.

"Ellos llegaron con un ensañamiento, lanzando perdigones y bombas (lacrimógenas) hacia arriba, rompieron las cámaras, dejaron toda la planta oscura porque rompieron las luces", agregó.

Durante el allanamiento, que se produjo después de que un soldado de la Guardia Nacional recibió un disparo en una protesta cercana, los residentes dijeron que las tropas entraron también por la fuerza en otros departamentos.

Operaciones como la ocurrida en Los Teques suelen ir acompañadas de destrucciones arbitrarias y a veces robo de propiedad privada, además de la participación de hombres enmascarados no identificados, según testigos.

No está claro cuántos allanamientos se realizaron sin orden desde que en abril comenzó la última ronda protestas en Venezuela, aunque reportes de medios y políticos opositores creen que fueron al menos una docena.

Una operación similar en el barrio caraqueño de El Paraíso en junio fue condenada por la fiscal general, Luisa Ortega, que anunció acusaciones contra dos altos funcionarios de seguridad.

Líderes gubernamentales habían dicho que esos operativos eran necesarios para controlar a elementos violentos que buscan derrocar a Maduro, destacando que dos oficiales de policía y dos efectivos de la Guardia Nacional murieron en las protestas y que muchos otros resultaron heridos.

Desde la oposición se asegura que es una muestra más de que Venezuela se dirige a una dictadura.

Para que un allanamiento policial sea legal se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal estatal, señaló el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Asimismo, agregó que debe tener como objetivos personas específicas sospechosas de actividad criminal en vez de entrar en edificios enteros en zonas de protestas, como fue habitual últimamente.

"Esta es una política sistemática del Estado para intimidar y amedrentar a aquellos que ejercen su derecho legítimo a la protesta", comentó Haro, un destacado defensor de los manifestantes detenidos de manera arbitraria.

Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido en Venezuela (PSUV), pero que no tiene cometido oficial en la seguridad del Estado, anunció en mayo un plan denominado "Operación Tun Tun", destinado a descubrir conspiraciones antigubernamentales violentas a través de allanamientos.

Días después, el agente de viajes Aristed López escuchó llamadas insistentes al timbre de su departamento en la comunidad residencial de San Antonio de Los Altos, en las afueras de Caracas, donde manifestantes llevaban días enfrentándose a las tropas. Cuando abrió la puerta, dos policías acompañados por cinco o seis hombres no identificados, cubiertos con máscaras y portando rifles de asalto, entraron por la fuerza en su casa, sin orden.

"No les dije que pasaran tampoco, solo abrí la puerta y me dijeron 'échate pa´ allá", afirmó López, de 53 años, quien aseguró no haber participado en los choques.

Dentro de su casa hallaron una vaina de gas lacrimógeno usada que su hijo de 17 años Eduardo había recogido como un recuerdo, una práctica rutinaria en un país marcado por las protestas.

Esto fue usado inicialmente como excusa para detenerlo junto a su hijo, pasando respectivamente 10 y 22 días bajo arresto.

"Uno queda en shock, porque tenemos una Constitución que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad", indicó López durante una entrevista en su casa. "Lo que puedo concluir es que aquí no hay ley. Esto es la ley de la selva".

Agencia Reuters