La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento del ex prosecretario de la causa AMIA, Claudio Lifschitz, acusado de haber difundido en un libro datos presuntamente secretos sobre la investigación del atentado. La resolución del tribunal de alzada dejó al ex funcionario a un paso de ser elevado a juicio oral y público.
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La Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el fallo de primera instancia contra el ex prosecretario de Juan José Galeano, a quien se le imputaron los delitos de «revelar secretos políticos concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación». La Cámara también convalidó la orden de embargo sobre sus bienes, por $ 5 mil.
La causa contra Lifschitz fue iniciada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el juzgado federal 8 e investiga documentos publicados en el libro «AMIA, por qué se hizo fallar la investigación», escrito por el ex prosecretario. Según la Cámara, el ex funcionario judicial exhibe en su libro «diversas constancias, tales como transcripciones telefónicas, informes, cuadros y copias de diversas piezas de documentación de la causa, y otras que fueron obtenidas directamente de documentación secreta de la ex SIDE», pruebas que debería haber denunciado cuando ocupó un cargo público, en lugar de publicar años después un libro con esas acusaciones y documentación, que hasta entonces había permanecido en secreto. Lifschitz había sostenido en su defensa que su intención había sido «evitar que se continuara con el encubrimiento, ocultación de pruebas, y destrucción de las mismas», pero los jueces entendieron que «ello no puede admitirse como justificación pues, en su caso, debió haber denunciado en tiempo oportuno ante las autoridades competentes, teniendo en miras el objetivo que dijo haber querido alcanzar».
El tribunal consideró, además, que «los documentos eran reservados» y que no habían sido divulgados con anterioridad, debido a que era «información calificada de secreta, emanada de autoridades extranjeras», en referencia a un cable expedido por el servicio colateral canadiense y un memorandum operacional del Aeropuerto Carrasco, Uruguay, del Ministerio del Interior de ese país.
El ex prosecretario trabajó en el juzgado del destituido ex juez del caso AMIA Juan José Galeano (hoy investigado por ese proceso) y luego se convirtió en el denunciante de las irregularidades en esa investigación, como el pago ilegal de u$s 400 mil al entonces acusado Carlos Telleldín. Esta acusación fue uno de los puntos por los que la primera causa fue anulada en su totalidad, hasta el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó aceptar una parte de la pesquisa. Lifschitz, por su parte, acusó varias veces a la SIDE de presiones y amenazas, y durante el fin de semana pasado denunció que había sido atacado a balazos, en el mismo día que se conmemoraba el 15° aniversario por el atentado a la AMIA. En marzo pasado, el abogado aseguró que fue secuestrado en el barrio porteño de Villa Devoto y que, en una camioneta, le tajearon en la espalda la sigla AMIA y le grabaron un número de seis dígitos en el antebrazo izquierdo.
La situación de Lifschitz recuerda a la dimisión de la entonces diputada frepasista Nilda Garré a su cargo como titular de la comisión especial que el Ministerio de Justicia formó en el año 2000 para investigar el caso AMIA.
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