18 de septiembre 2015 - 00:00

AMIA: sesión secreta para exespías

Carlos Alberto Telleldín
Carlos Alberto Telleldín
Un exjefe de la llamada Sala Patria de la ex SIDE había acusado ayer al exdirector de ese organismo Jaime Stiuso de haber "boicoteado" la investigación de la llamada pista siria del atentado contra la AMIA. Pese a que las declaraciones en el juicio por encubrimiento del ataque a la mutual judía transcurrieron a puertas cerradas, la agencia oficial Télam informó que el exjefe de inteligencia Patricio Finnen habría confirmado el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos robados Carlos Alberto Telleldín, a pedido de otro de los acusados, el exjuez Juan José Galeano, destinados a proteger a la familia del por entonces principal acusado del atentado.

En relación con la pista Siria, Finnen señaló a Stiuso, por entonces jefe de Contrainteligencia, de limitarse a investigar los indicios locales o en los Estados Unidos en relación con la pista siria, y no focalizarla en el Líbano, donde tiempo atrás él mismo había ahondado en la llamada Operación Gaviota.

Respecto del pago del dinero, la misma fuente señaló que Finnen desvinculó a los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia.

Finnen y el exalmirante Juan Carlos Anchezar, segundo en la ex SIDE que encabezaba Hugo Anzorreguy, declararon en torno al pago de aquella suma a Telleldín, presuntamente para acusar a policías bonaerenses de haber sido la pata local en la autoría del atentado a la AMIA en el que murieron 85 personas.

Anchezar declaró durante más de dos horas y fue interrogado en torno al desvío de información surgida de las escuchas a las líneas telefónicas de la familia Kanoore Edul.

El exfuncionario de inteligencia está acusado de partícipe necesario en el presunto delito de encubrimiento y como autor de abuso de autoridad y coautor de falsedad ideológica, y de haber confeccionado con datos falsos actas de la SIDE. Durante la declaración, Anchezar respondió sólo preguntas de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), de la fiscalía y de su propia defensa.

Los dos exfuncionarios de la ex SIDE declararon sin público, amparados por los decretos del año 2003 que los relevó del secreto de Estado en torno a las investigaciones referidas a la causa.