Apuran juicio a Berlusconi por prostitución de adolescentes

La Fiscalía de Milán solicitó ayer la apertura de un juicio acelerado contra el jefe de Gobierno italiano por supuestos abuso de poder y prostitución de menores, cargos que le podrían costar el puesto y hasta 12 años de cárcel. Aquí, algunas fotos de las probables amantes, «velinas», novias o damas pagadas por Il Cavaliere en los últimos tiempos.

Silvio Berlusconi se presentó ayer ofuscado ante los periodistas. Los fiscales dicen haber detectado varios casos de prostitución con pruebas contundentes. El premier le hará juicio al Estado.

Milán - La fiscalía de Milán solicitó ayer el procesamiento inmediato de Silvio Berlusconi por prostitución de menores y abuso de poder, delitos que podrían no solo terminar con su Gobierno, sino llevarlo a la cárcel. Con una batalla político-judicial por delante, el primer ministro reaccionó con vehemencia al calificar como «una vergüenza y un asco» la acusación.

En su pedido, dado a conocer en un escueto comunicado, los fiscales sostuvieron que el juicio acelerado se justifica por la existencia de «la evidencia de la prueba» contra el premier, y rechazaron la competencia en el caso del tribunal especial para ministros, en sentido contrario a la postura votada la semana pasada por la Cámara de Diputados, dominada por el oficialista Pueblo de la Libertad (PDL).

El jefe de los fiscales de Milán, Edmondo Bruti Liberati, envió el pedido con 782 páginas acusando a Berlusconi de pagar por sexo a un «significativo número» de mujeres jóvenes, incluyendo la bailarina Karima El Mahroug, que tenía 17 años en el momento de los hechos.

El documento también dice que abusó de su cargo al presionar a la Policía para que liberara a Ruby Rubacuori, tal como se conoce a la bailarina, cuando esta fue detenida por un caso de robo.

La acusación sobre abuso de poder puede tener una sentencia de hasta 12 años en prisión, mientras que el de tener sexo con una prostituta menor de edad, una condena de hasta tres años.

Hasta el momento, los abogados defensores de Berlusconi han presentado decenas de testigos que afirmaron que las fiestas en la residencia del primer ministro eran «cenas normales».

Berlusconi reconoció haber llamado a la Policía para intervenir en favor de El Mahroug en ocasión de una detención por un caso de robo, en mayo pasado. Pero adujo que lo había hecho porque le comentaron que era sobrina del presidente egipcio, Hosni Mubarak, e intentaba evitar un potencial escándalo diplomático.

«Intervine como jefe del Gobierno porque estaba preocupado de que pudiera generarse un incidente diplomático y porque estoy acostumbrado a ayudar a personas en dificultades, por lo que la acusación de abuso de poder es ridícula», dijo Berlusconi en su encendida defensa de ayer.

La situación de Berlusconi se presenta complicada, en medio del estancamiento de la economía de Italia. La inmunidad de Il Cavaliere fue suspendida en diciembre por la Corte constitucional, y ya enfrenta un juicio en tres casos relacionados con fraude impositivo, malversación de fondos y corrupción, cuyas audiencias comenzarán en las próximas semanas.

Según el Código Penal italiano, la jueza competente en el caso, Cristina Di Censo, deberá decidir sobre el pedido de la fiscalía en un plazo máximo de cinco días hábiles.

A la salida de una reunión de gabinete en la que se presentó un plan para reactivar la economía, Berlusconi reaccionó enfurecido. La investigación de la fiscalía de Milán es «una vergüenza y un asco» y persigue un fin «subversivo». Agregó: «No sé quién pagará» por ello, probablemente «pagará el Estado, ya que abriré un pleito contra el Estado».

«Sobre este tema de los proceses, puedo solo decir que son una farsa», sostuvo Berlusconi, según el cual se trata de «acusaciones sin ningún fundamento» lanzadas con «el objetivo exclusivo de la difamación a través de los medios» en su contra.

Al mismo tiempo, un centenar de manifestantes oficialistas instalados frente al tribunal de Milán repartía volantes con las consignas «¡Resistí, Silvio!» y «La política se hace en las urnas, no en los procesos».

Umberto Bossi, líder de la Liga Norte y aliado de Berlusconi en la mayoría oficialista, dijo a su vez que el pedido de la fiscalía de Milán equivale a una declaración de «guerra total» de ese organismo contra el Parlamento.

«El Parlamento ya ha decidido por mayoría absoluta (...), esto es una guerra total, parece de veras una guerra total de la magistratura contra el Parlamento», enfatizó.

La condena más dura de la actuación de los fiscales llegó, sin embargo, a través de una nota de la presidencia del PDL, el partido de Berlusconi, difundida al término de una reunión convocada de urgencia. «En Milán se está consumando un caso gravísimo de uso político de la Justicia en un país como Italia, que en los últimos 17 años ya había conocido numerosos intentos de subvertir el veredicto democrático del voto de parte de la magistratura militante», indicó un comunicado.

El duro documento del partido oficialista fue definido «insensato e irresponsable» por Anna Fimocchiaro, jefa de la bancada del Partido Democrático (PD, centroizquierda) en el Senado, quien subrayó que «aunque uno resulte electo con el 90% de los votos, eso no quita que frente a la ley todos los ciudadanos son iguales».

Por su parte, Antonio Di Pietro, exfiscal en Milán y actual líder del partido opositor Italia de los Valores (IdV), sostuvo que «no fue la fiscalía de Milán la que manifestó desprecio hacia el Parlamento, sino el Parlamento, que se atribuyó abusivamente la pretensión de fijar las competencias funcionales y territoriales de los jueces», en lo que definió «una enésima bofetada a la democracia».

Agencias ANSA, Reuters y EFE