Arrancó ayer “ley antidoping” para los funcionarios fueguinos
La gobernadora de Tierra del Fuego, la justicialista Rosana Bertone, puso en vigencia ayer una ley "antidoping" que obliga a los funcionarios públicos, hasta el rango de subsecretario, a realizarse exámenes regulares para detectar el consumo de drogas ilegales.
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La iniciativa establece la cesantía o el juicio político (en el caso de los electos) como castigo para quienes den positivo o se rehúsen a la prueba.
La Ley Provincial 1233, sancionada en julio de este año por la Legislatura fueguina, fue reglamentada en las últimas horas a través del Decreto 2565.
La normativa determina que la autoridad de aplicación del mecanismo de antidoping será el Ministerio de Salud, y que ese área deberá elegir el tipo de examen al que se someterán las autoridades.
En tanto, la secretaria general del Gobierno y las áreas de Recursos Humanos confeccionarán el listado de funcionarios comprendidos por la ley, y crearán un sistema de sorteos para establecer el orden de convocatorias.
"En el caso de que el funcionario se niegue a realizar el examen, se procederá a iniciar juicio político (en el caso de funcionarios electos), enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura (para funcionarios judiciales), acto administrativo de cese de funciones (para funcionarios del Poder Ejecutivo), o se establecerá falta grave para que actúen las máximas autoridades sumariales", explicaron desde el Gobierno.
A su vez, si el resultado del narcotest da positivo, el funcionario tendrá diez días hábiles para solicitar una contraprueba antes de que lo sancionen, y también deberá "someterse a una Junta Interdisciplinaria creada ad hoc a los fines de configurar si se trata de una adicción".
Tierra del Fuego se convirtió así en la segunda provincia en implementar un sistema semejante, luego de Tucumán.
