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Arriesga Piñera al proponer cárcel a quien tome escuelas
En una marcha reciente, manifestantes portan caretas de Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Abajo, un alumno del secundario es detenido por carabineros. Las manifestaciones de protesta suelen terminar en Chile con decenas o centenares de detenidos.
La modificación del Código Penal, que deberá ser aprobada por el Parlamento, encendió las alarmas entre la dirigencia estudiantil y en parte de la oposición de centroizquierda.
El proyecto también endurece las penas a quienes agredan a carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la «ocupación o invasión ilegal de inmuebles», entre ellos escuelas, viviendas, comercios, industrias y centros religiosos. Quienes los ocupen podrían recibir condenas de entre 541 días hasta tres años de cárcel, informó ayer el diario La Tercera, afín a Piñera.
El proyecto de ley, firmado el domingo por el presidente y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tiene lugar en medio de un agudo conflicto en el que los estudiantes secundarios y universitarios reclaman más presupuesto educativo y la garantía de educación gratuita. Chile es uno de los países que menos destina a educación superior, que se financia, sobre todo, con aranceles de los más altos del mundo.
Los estudiantes vienen apelando desde hace seis meses a marchas callejeras multitudinarias, muchas de las cuales han terminado en incidentes con carabineros, y una de ellas, con un muerto por una bala policial. Se comprobó además que efectivos de carabineros se infiltraron entre los estudiantes y hasta promovieron desmanes. Los estudiantes llevaron a cabo decenas de tomas de colegios y huelgas de hambre.
«El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales», enfatizó Piñera al presentar el proyecto.
En la redacción del texto colaboraron los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (Renovación Nacional, el partido de Piñera).
A juicio del parlamentario, la norma es «similar» a una propuesta de la comisión de expertos, creada por el Gobierno de Michelle Bachelet, que recomendó cambios al Código Penal.
«Va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de alteraciones graves con violencia», dijo el senador.
La ley también faculta al Gobierno para exigir a los canales de televisión las imágenes de las coberturas de las protestas estudiantiles para poder identificar a las personas que protagonizan enfrentamientos con la Policía.
La reacción adversa del estudiantado no se hizo esperar. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa como «impactante» y «compleja», y el diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que «criminaliza el movimiento».
A su vez, Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, consideró que la medida del Gobierno «responde solamente a la lógica de mirar el síntoma y no revisar la enfermedad». Jackson dijo que él estuvo en varias tomas de colegios de secundaria que fueron «absolutamente pacíficas».
En cuanto al trámite parlamentario, el ministro Hinzpeter subrayó que el Gobierno buscará su sanción «con urgencia», mientras el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, consideró convenientes las modificaciones porque «algunos grupos han tomado como costumbre invadir propiedad pública o privada», según dijo en declaraciones al canal estatal Televisión Nacional (TVN).
La oposición se sumó a las críticas por el proyecto de ley y el senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro consideró «bastante absurdo» ahondar «en la vía represiva en vez de buscar las causas que generan las movilizaciones» de los estudiantes.
El diputado Pepe Auth, jefe de la bancada parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD), aseguró que se trata de «una señal más de la incomprensión del Gobierno de lo que ocurre en la sociedad». Para el diputado, el Ejecutivo demuestra que entiende la movilización estudiantil como «una cuestión eminentemente subversiva».
Agencias EFE y ANSA, y Ámbito Financiero
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