Astiz, libre el día que Cristina fue a la Esma

La Cámara Nacional de Casación Penal concedió ayer la libertad a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge «el Tigre» Acosta, junto con otros diez represores, todos acusados de cometer presuntos delitos de lesa humanidad en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), debido al tiempo que llevaban detenidos sin sentencia firme. El polémico fallo se hará efectivo cuando el juez a cargo de la llamada megacausa ESMA, Sergio Torres, fije las cauciones personales para todos ellos.
La medida coincidió con la visita de Cristina de Kirchner a la ESMA (ver aparte). La sala II de ese tribunal dio lugar al pedido de liberación de las defensas de más de diez, acusados de cometer supuestos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Los imputados están encarcelados con prisión preventiva hace tres años (algunos, hace cinco años incluso), período que violaría la Ley 24.390, que establece un máximo de dos años, sólo prorrogable por uno más, para las prisiones preventivas, y en caso de no haber sentencia firme, están habilitados para pedir la excarcelación.
La decisión de los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobuccio y Luis García alcanza, además de a Astiz y a Acosta, a Raúl Scheller, Néstor Savio, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo y Alberto González. Todos ellos se encuentran procesados como presuntos partícipes necesarios de los delitos de aplicación de tormentos en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Algunos de ellos, además, están acusados de supuesta apropiación de bienes de personas que estuvieron detenidas en forma ilegal en el antiguo centro de detención. Estos cargos están enmarcados en la megacausa ESMA que, entre otros casos, abarca la investigación por los secuestros del periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon.
Hasta el momento, todos los pedidos de las defensas eran desestimados, ya que se les hacían nuevas imputaciones y se les ampliaba el procesamiento juntamente con las prisiones preventivas. El tribunal, sin embargo, consideró que los plazos debían computarse desde el primer día de detención; así fue como entendieron que se habían vencido los tiempos de las prisiones preventivas.
Ahora, resta que los imputados presenten una «caución personal» consistente en «tres fiadores solventes que se comprometan patrimonialmente a responder en caso de que los procesados dejen de estar a derecho», para que el cese de la detención se haga efectiva. Incluso, de ser aceptado por la propia Sala II un eventual recurso de apelación por parte de la fiscalía, implicaría la suspensión de la medida del cese de la detención. Esta opción fue también destacada en un comunicado de la Procuración General de la Nación, que recordó que los fiscales tienen 10 días para recurrir las resoluciones de la Cámara, lo que impediría que el dictamen se hiciera efectivo. De hecho, ya se afirma que el fiscal de la Cámara, Raúl Plé, va a apelar.
El comunicado de la Procuración fue también una respuesta a algunos senadores nacionales, quienes anunciaron la votación de un proyecto de resolución para pedirla a la Procuración que apele el fallo de la Cámara. A principios de este año, 61 sobrevivientes de la ESMA presentaron una lista de jueces al Consejo de la Magistratura, a quienes acusaban de presunta vinculación con la última dictadura militar y por eso no estar en condiciones de hacerse cargo de estos juicios. La mayoría pertenecía a la Cámara de Casación, instancia judicial donde, según el Gobierno y los organismos de DD.HH., se «estancaban» los juicios por crímenes de lesa humanidad. El Consejo aún no ha tratado ningún caso.
El ojo de la tormenta fue el ex camarista Alfredo Bisordi (hoy retirado), acusado por Néstor Kirchner de demorar estas causas a propósito. El conflicto escaló hasta una amenaza de juicio político a Bisordi y un pedido de «mesura» por parte de la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo. Bisordi, además, era un blanco ideal: en 2003 había protagonizado un escándalo al llamar a Graciela Daleo, ex detenida de la ESMA, «delincuente terrorista», así como haberse encargado de varias causas contra militantes montoneros en el pasado.
El cruce al final se resolvió con el retiro de Bisordi, pero el conflicto quedó latente porque, al renunciar, el magistrado acusó al Gobierno de promover su persecución política con herramientas que eran propias de la dictadura militar.