Avanza reforma de consejo de jueces

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• Ya Logró media sanción en Senado bonaerense

Buenos Aires - La Legislatura provincial intentará convertir en ley antes de que termine el año el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado con el voto de la mayoría simple que integra el bloque del FpV -sin distinción en este caso entre sciolistas y kirchneristas- y con el rechazo de todas las bancas de la oposición. La única senadora que votó por la afirmativa fue María Ester Barrionuevo, del Peronismo Federal.

Los cambios -que ahora deberán aprobarse en Diputados- se alinean con las modificaciones introducidas en 2006 por el Congreso Nacional en el consejo nacional de jueces, cuya integración quedó disminuida de 20 a 13 miembros, a pesar de la resistencia de la oposición y del ámbito judicial.

En concreto, la iniciativa bonaerense calca el carácter restrictivo de la integración de sus miembros, que pasaría a tener 17 miembros en lugar de 18. Suprime, además, la participación de 2 representantes del Colegio de Abogados, pero añade la participación de un representante del Ministerio Público de Defensa.

En este sentido, el Colegio de Abogados de la Capital Federal se solidarizó con el planteo de los letrados de Buenos Aires y catalogó el proyecto como «un nuevo ataque a la abogacía independiente». A través de un comunicado, la entidad recalcó que de esta manera el Consejo pasaría de ser «una institución técnica que se ocupa de la elección y remoción de magistrados, a un mero apéndice de los intereses de la política partidaria».

También establece que los miembros del Poder Legislativo que integren el Consejo no tendrán que ser necesariamente abogados, tal como lo establece la actual legislación, e incorpora causales de recusación de los consejeros que hasta ahora no estaban previstas.

La iniciativa lleva la firma de la titular del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, quien sugirió que los cambios permitirán «agilizar los pasos procesales, incorporar el apartamiento preventivo de los funcionarios judiciales sospechados, y ordenar y hacer más armónico el conjunto normativo».

Además, el secretario y los prosecretarios podrán ser removidos «con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Senadores».

En cuanto al apartamiento de jueces, la reforma propone alejarlos del cargo de manera preventiva por 90 días y que, una vez presentada la denuncia, se fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días.

Otro de los cambios tiene que ver con la designación del presidente del Consejo. Actualmente, el titular es siempre un miembro de la Corte Suprema que se va rotando dentro del mismo tribunal. Sin embargo, el proyecto busca que la Presidencia sea ejercida de manera rotativa por un representante de cada estamento que compone el Consejo de la Magistratura en un orden a determinar. El presidente permanecerá en sus funciones por dos años.

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