18 de diciembre 2015 - 00:00

Bajarán a la mitad subsidios en gas y energía

Los subsidios en las tarifas de gas y electricidad que afronta el Estado nacional se reducirán "a la mitad en la primera etapa", a principios de 2016, según afirmó ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El funcionario precisó que ese proceso será acompañado por un programa para bajar "entre 10 y 15%" el consumo de energía, y que eso significará "un impacto muy positivo en la balanza comercial".

"En total hoy estamos en 135.000 millones de pesos (en subsidios a la energía). Es aproximadamente 3 puntos del Producto Bruto Interno. La idea es reducirlo a 1,5 punto del PBI en la primera etapa, reducirlo a la mitad aproximadamente", adelantó Aranguren.

Consultado por una radio sobre la fecha de aumento de las tarifas, dijo: "Apenas terminemos (los nuevos cuadros) vamos a hacerlo. Yo calculo que en el primer trimestre del año que empieza eso va a ocurrir, por lo que en algún momento de enero, febrero o marzo" se van a dar los incrementos. Estas declaraciones confirman que habrá quita parcial de subsidios en el precio del gas en yacimiento y en los márgenes de transportistas y distribuidoras, y en el precio del kilovatio que perciben las generadoras eléctricas.

Esos dos ajustes tendrán alcance nacional. Por otra parte, habrá quita de subsidios y suba de tarifas en Edenor y Edesur, las dos distribuidoras eléctricas que dependen del Gobierno nacional.

Aranguren ya anticipó que también es prioritario el ahorro de divisas. El ministro señaló que la baja en los precios internacionales de la energía es "muy importante" porque le permitirá al Gobierno reducir el gasto en importación de gas en conjunto con la política de "reducción de consumo", o plan de "racionalización".

En el decreto 134 que declara la emergencia eléctrica y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, se instruye al Ministerio de Energía para que ponga en vigencia un programa de acciones en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, para "garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas".

En los considerandos, se hace referencia a "la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente y racional" . También se afirma que las remuneraciones en el mercado eléctrico mayorista a partir de 2003 "no han dado señales económicas suficientes para que los actores privados realicen las inversiones que se requieren". Asimismo se advierte que "el atraso en los niveles de inversión en las redes de distribución y la dependencia del abastecimiento en equipos de generación móvil de tipo emergencial, resultó en el aumento del número de interrupciones del suministro y su duración."

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