Caminar por la cornisa y la pierna de Santa Anna

• La crisis del sistema convierte a los que gobiernan en grandes caminadores de cornisa. • Los obliga a alardes de fuerza, pero expone también su debilidad. • Apoyo a la transición bolivariana, un riesgo y una amenaza. • Tercermundismo: la jura virtual es como el funeral a la pierna del general Santa Anna en México. • Instaura a un símbolo y no a un servidor público.

Hugo Chávez

Caminando por la cornisa, la Argentina apoyó ayer, después de largos cabildeos internos, el acto de jura virtual de Hugo Chávez para un cuarto mandato mientras se trata de un cáncer en La Habana. Cristina de Kirchner se cuidó de no estar en Caracas, como Hugo Mujica, Evo Morales, Daniel Ortega y algún otro. Fue la fogonera de la sanción a Paraguay cuando el Congreso destituyó al prolífico Fernando Lugo (presente ayer en los actos) y trató de quitarle formalidad al apoyo que pidió Nicolás Maduro para la gestión que inicia, también en el límite de la formalidad en lo que el analista Marcelo Falak llamó en la edición de ayer en este diario un «berenjenal constitucional» que podría poner a Venezuela a tiro de la llamada cláusula democrática que sanciona al Paraguay. El kirchnerismo, que nació como ciclo de gobierno también al borde de la legalidad -Néstor Kirchner accedió al Gobierno en 2003 después de perder una elección ante Carlos Menem pero beneficiado por la letra del balotaje-, se cuidó siempre de estar del lado de la legalidad. En febrero de 2004, Kirchner viajó a Caracas y negoció con Hugo Chávez y dirigentes de la oposición que el Gobierno chavista aceptase la legalidad de las firmas que habían presentado los adversarios del bolivariano para el plebiscito reformista de ese año. De esa trama participaron Ramón Puerta -entonces senador nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que formaba parte de la comitiva-, quien convenció al entonces presidente de que recibiese en la residencia de la embajada argentina a los opositores antichavistas, y también el entonces canciller Rafael Bielsa. En la cena con Chávez que siguió a esa reunión, en la sede del comando del ejército, Kirchner y Bielsa terminaron a convencer de que esas firmas se aceptasen como legales porque si no lo hacía pondría en crisis la legitimidad de su poder. 

El mismo argumento en favor de resguardar alguna legalidad lo habían usado Kirchner y Bielsa, algunos meses antes, cuando se produjo la crisis que terminó con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue en octubre de 2003, y Kirchner habló con «Goni», acosado por los piquetazos de Evo Morales, y le aconsejó que lo mejor que podía hacer para resguardar la legalidad era renunciar. Fue en una charla telefónica que mantuvo con Sánchez de Losada desde El Calafate, en donde estaba junto a Lula da Silva de visita. Participó también como enterrador Bielsa, quien ese fin de semana del 18 de octubre habló con el baleado «Goni», quien discutió también en La Paz su salida con dos enviados de los gobiernos, Eduardo Sguiglia (era secretario para América Latina de la Cancillería) y el eterno Marco Aurelio García, mandado por Lula. La Argentina, que tiene una crisis política que ya dura más de una década, que ha hecho desaparecer la vida partidaria, en donde han gobernado dos presidentes que habían perdido las elecciones en voto popular (Eduardo Duhalde completó el mandato de Fernando de la Rúa, quien le había ganado las elecciones; Kirchner perdió con Menem) y en donde los candidatos se eligen a dedo desde el vértice del poder en lugar de surgir de la base. Es llamativo que haya intentado, y quizás acertado, en apoyar aquellas transiciones en donde era necesario reforzar la legalidad. Claro que ocurrían en Bolivia -que en el esquema regional siempre ha sido una suerte de protectorado de la Argentina- y en Venezuela, cuyo presidente se dijo siempre el mejor discípulo de Juan Perón.

La opción preferencial por el populismo ha convertido a la dirigencia política en grandes caminadores de cornisa. Entienden que la inutilidad de las instituciones los fuerza a desarrollar formas de relación con el público por encima de mediadores clásicos -congresos, jueces, periodistas, organizaciones de la sociedad civil-. Eso ocurre en estas costas tercermundistas, pero también en los países desarrollados, cuyos mandatarios están obligados a enfrentar crisis descomunales que los obligan a gobernar al límite de la legalidad, según la teoría que desarrolló el secretario del Tesoro de Barack Obama, Tim Geithner, quien ayer se despidió del cargo. El concepto de gobernar en el límite de la legalidad lo justificó este funcionario como la herramienta clave para que su Gobierno enfrentase las consecuencias de la crisis financiera que estalló en 2008 y que se tramitó con estatizaciones de empresas que fueron denunciadas como aberraciones socialistas en la cuna del capitalismo contemporáneo. El recurso a gobernar por encima de las organizaciones de la sociedad civil parece, en el calor de la pelea, la búsqueda de abrigo en el público, dueño de la soberanía popular, contra los mestureros -lobbistas, empresarios, políticos de la vieja política, etc.- que sólo defienden sus intereses. Cristina de Kirchner en el discurso del miércoles de la fragata llegó a imaginar otro costado del método populista, que deja a los mandatarios sin defensa frente a sus adversario. Imaginó que los buitres malos son, además de miserables, destituyentes. «Es necesario tomar una posición firme y seria frente a estos verdaderos depredadores sociales globales en defensa del bienestar de los pueblos y de la subsistencia de los estados. Porque de esto se trata la presencia del Estado y la subsistencia de las sociedades, ambos factores inescindibles en la construcción de ciudadanía y en la construcción de patria», dijo de quienes hasta ahora pretenden cobrar agitando pagarés, pero a los que nadie hasta ahora les había conocido proyectos para abolir algún estado (saben seguramente que si hay alguien que siempre paga, es el Estado, por eso es negocio litigar contra él, acá y en cualquier país del mundo. Gobernar en esas condiciones es un alarde de fuerza inevitable, pero también exhibe una debilidad, no sólo de las instituciones, sino también de los dirigentes a los que esas instituciones deberían proteger. Ayer Obama promulgó la ley que extiende la protección del Servicio Secreto de los Estados Unidos a los expresidentes y sus familias por el resto de su vida (hasta ahora era de 10 años); esa vigilancia policial vitalicia es para resguardarlos de las consecuencias de sus audacias al borde de la cornisa. 

En este round la Argentina -aunque le quitó relieve a la representación en los actos de hoy- ha quedado como avalista del berenjenal bolivariano. Las deliberaciones que hubo en el Gobierno sobre si hacerlo o no, o sobre si Cristina de Kirchner debía viajar a Caracas en lugar de a La Habana, en donde hoy intentará verlo a Chávez, indica que no hará mucho más para estos apoyos. Corre el riesgo de quedar entrampado en el reproche de Venezuela; con esta transición no está muy lejos del Paraguay, al que se lo mantiene castigado y fuera del Mercosur hasta que elija un nuevo presidente. También arriesga en el marketing, porque enfrenta el Gobierno unas elecciones legislativas este año en las que sus adversarios harán campaña reclamando calidad institucional. En este punto, el atajo del chavismo para legitimar el nuevo mandato para un político que no aprobaría un psicofísico para cumplir su tarea termina de recluir a Venezuela en el manual de los regímenes autoritarios que buscan parecerse a las monarquías. En una república, la sociedad elige mandatarios que sean servidores públicos. En una monarquía, la sociedad consiente que el gobernante sea un soberano que encarna en su persona y su corte la suma de un poder que se le cede por su solo peso simbólico. No importa que sea talentoso o lerdo, sólo sirve que pertenezca a la grey de los poderosos, a la dinastía. El extremo de esta perspectiva es la historia del general mexicano Antonio López de Santa Anna, quien perdió una pierna de un bombazo cuando dirigía la defensa de Veracruz en 1838. Mandó a que esa pierna fuera enterrada con gran boato en un funeral de Estado. No satisfecho con ese alarde de monarquismo, hizo trasladar después la pierna, acompañada de una parada militar, para enterrarla en un sepulcro en una catedral. Honrar a Santa Anna era participar de un político que tuvo el privilegio de verse enterrado en vida, todo con tal del culto a la personalidad. Esta historia se cuenta como modelo del realismo mágico de la América inviable. Instaurar a un Chávez inhábil puede servir para salvar a un régimen personalista de su lado más débil -la sucesión-, pero anota el capítulo de las extravagancias tercermundistas.

La molicie del verano ha hundido la actividad política, que apenas late en Tribunales con las peripecias de las causas resonantes; medios es la principal y tiene una nueva fecha para fijar la atención. El 22 de enero, apenas regrese Cristina de Kirchner de la larga gira que inició anoche rumbo a Cuba, Emiratos Árabes y Vietnam, vence el plazo que le dio la Cámara Civil y Comercial al Gobierno y al monopolio Clarín para que presente los memoriales con argumentos y pruebas previos a la decisión sobre las apelaciones cruzadas que presentaron después del último fallo que avaló la legalidad de la norma. El monopolio apeló sobre descapitalización y el Gobierno contra la legitimidad del grupo por no tener títulos perfectos sobre las licencias que administra. Ese martes 22 se conocerán los escritos de las dos partes y se volverá a animar la pelea sobre la cual nadie espera nada nuevo, y eso que es la madre de todas las batallas. Ya se contó que hasta junio no habrá sentencia de la cámara, que caerá en plena campaña electoral y será seguida de nuevas apelaciones que cerrarán el caso -es decir, la llegada a la Corte Suprema, final de todas las ilusiones-. El Gobierno descarta que aparecerán nuevos flancos en esas apelaciones que pueden hacer necesaria una nueva ley correctiva de aspectos de la norma que la Justicia puede declarar inconstitucionales, como el límite de licencias o los privilegios que dice el monopolio que la ley le da a la TV satelital mientras que se los niega al cable. Esa vuelta del debate al Congreso se hará en otro clima legislativo, con una nueva composición de las cámaras, que ya no será la de 2008, cuando tuvo una mayoría holgada. La oposición hoy ya ha tomado partido, la fuerza del oficialismo no es la misma, todos han mostrado las cartas y pueden salir novedades en esa correctiva que le agreguen nuevos ingredientes a la batalla. Eso sin tener en cuenta la cláusula sorpresa que una nueva ley podría contener y que el Gobierno cedió en el debate de 2009, como la autorización a las telefónicas a dar televisión, cláusula que se dio de baja por la vehemencia del rechazo de Fernando Solanas, que tiene en el peronismo una autoridad que pocos le reconocen. Hizo volcar con su queja esa autorización que todos saben que sigue en la gateras porque es una pretensión de esa industria en todo el mundo.