3 de mayo 2011 - 00:00

Candidato dirá que Moyano presionaba

Un exfuncionario de Necochea declarará hoy ante la Justicia acerca de las supuestas presiones que habría recibido ese municipio por parte del sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, para contratar los servicios de la empresa de recolección de residuos Covelia. Alberto Esnaola, exsecretario de Gobierno de la intendencia, dijo haber participado en las negociaciones con esa firma derivadas de una huelga del gremio en noviembre de 2006. Esnaola es candidato a la intendencia por la UCR.

Esnaola prestará declaración en una causa iniciada hace un mes por el diputado bonaerense por la Coalición Cívica Walter Martello ante el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora. En ese expediente, el legislador sugirió citar a declaración testimonial a Esnaola y a los intendentes de Pinamar, Esteban Echeverría, Lanús y Quilmes, que de acuerdo con denuncias públicas sufrieron presiones similares del gremio para contratar a Covelia.

La empresa de Ricardo Rubén Depresbíteris, a la que desde hace años se la relaciona como ligada al gremio, volvió semanas atrás a escena a partir de un exhorto de la Justicia de Suiza en la que los fiscales de ese país piden información a los magistrados argentinos acerca de posibles causas locales relacionadas con el directivo y los líderes del sindicato.

Esnaola le relató a este diario que en noviembre de 2006 el sindicato inició un paro de actividades con el argumento de que la empresa Servicios Ambientales, que hasta entonces prestaba el servicio de recolección, «no tenía solvencia financiera ni camiones en condiciones». En esa instancia llegó al municipio Pablo Moyano (hijo mayor del líder de la CGT) y nos presionó una mañana completa para dar de baja el contrato, y diciendo que tenía para ofrecernos una empresa que podía hacerse cargo del servicio al día siguiente, con camiones nuevos», contó.

El actual concejal del distrito sostuvo que los funcionarios se vieron «obligados» a sentarse a negociar con la empresa sugerida, que resultó ser Covelia, y que el debate no prosperó porque la compañía pretendía más que duplicar el valor del contrato que estaba vigente. «En ese momento pagábamos $ 3.800.000 y la gente de Covelia pretendía algo así como $ 7.800.000, así que no prosperó», agregó.

En tanto, Depresbíteris se presentó ayer al mediodía ante la Legislatura porteña y dijo haber desistido de participar de la licitación por el servicio de recolección en el distrito por razones «políticas y económicas». «Vengo a denunciar que el Gobierno de la Ciudad puede gastar $ 500 millones menos» en la prestación del servicio en caso de contratar a su compañía, agregó el ejecutivo durante la presentación en la Comisión de Obras Públicas.

La decisión de bajarse de la licitación había coincidido con el escándalo público que desató la difusión del exhorto de Suiza. Depresbíteris contó que dos exsocios de la alianza empresaria que había montado para concursar -Eduardo García, de Ashira, y Jorge Martin, de Martin & Martin- le «aconsejaron» bajarse por los señalamientos públicos de presuntos vínculos entre su firma y el gremio.

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