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Cede el dictador sirio, pero no las protestas
Los funerales de las víctimas de la represión en Homs (izquierda) se convirtieron ayer en un nuevo desafío al presidente de Siria, Bashar al Asad (abajo).
Manifestantes volvieron a salir ayer a las calles de la ciudad de Banias y líderes de la oposición dijeron que no se detendrían hasta que el Gobierno de Bashar al Asad cumpla otras demandas, como excarcelar a los presos políticos, garantizar la libertad de expresión y generar un sistema multipartidista que dé lugar a elecciones limpias.
La agencia estatal de noticias SANA dijo que el gabinete había ratificado un proyecto de una ley para «terminar con el estado de emergencia en Siria», que debe ser promulgada por el dictador. El gabinete carece de poder propio, por lo que su gesto pone en evidencia la decisión de Asad de avanzar en la caída de una norma que ha servido para ahogar la libertad de expresión y la actividad política en el país.
Inspirados por las revueltas que han sacudido el mundo árabe, miles de sirios se han manifestado en todo el país pidiendo reformas, en el desafío más serio a los 11 años de Gobierno de Asad. Según grupos de derechos humanos, más de 200 personas ya han muerto por la represión oficial.
La decisión de Asad se conoció pocas horas después de que activistas prodemocráticos denunciaran que fuerzas de seguridad abrieron fuego para dispersar una protesta en la ciudad de Homs, donde 17 personas habían resultado muertas en la noche del domingo.
Testigos revelaron que al menos tres manifestantes más murieron ayer durante el entierro de algunas de las víctimas del domingo. SANA dijo que cuatro personas, dos policías y dos «pistoleros», resultaron muertos en enfrentamientos en la ciudad.
La eventual caída del régimen tendría consecuencias cruciales para Medio Oriente, toda vez que Siria es el principal aliado de Irán y un país que apoya a organizaciones ampliamente consideradas terroristas como la libanesa Hizbulá y la palestina Hamás. Damasco reclama a Israel la devolución de los Altos del Golán, perdidos en la guerra de 1967.
Los servicios secretos sirios, además, son sospechados por el asesinato del exprimer ministro libanés Rafic Hariri, producido en 2005.
Haitham Maleh, un exjuez de 80 años y destacada figura de la oposición, dijo que la derogación de la emergencia «son simplemente palabras; las protestas no pararán hasta que todas las demandas sean cumplidas y el régimen desaparezca».
El Gobierno de EE.UU. consideró ayer «urgente» que Siria impulse reformas más amplias y cese la violencia contra los manifestantes.
En tanto, Gran Bretaña describió la decisión del gabinete como «un paso adelante», pero dijo que Asad aún tiene mucho que hacer para cumplir las aspiraciones de los sirios.
Agencias Reuters, EFE y ANSA


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