Desde el último jueves, las autoridades pusieron bajo vigilancia domiciliaria, interrogaron o "hicieron desaparecer" a unas 114 personas, entre abogados, trabajadores de estudios legales, familiares de éstos o activistas, dijeron varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG).
En los últimos días las cifras no dejaron de aumentar y el número de afectados superó ayer el centenar, lo que provocó alarma.
"Sé de lo que quieren hablar, pero no me conviene hacerlo en este momento", explicó ayer uno de los abogados que fue interrogado durante esta campaña, pero no arrestado.
Aunque las autoridades no detallaron su objetivo, sí explicaron los arrestos de miembros del estudio Fengrui de Pekín, una firma que, desde que fue establecida en 2007, llevó los casos de derechos humanos más importantes que tuvieron lugar en el país.
Su director, Zhou Shifeng, aceptó trabajos como el de Zhang Miao, la asistente china de la corresponsal del semanario Die Zeit arrestada por apoyar las protestas prodemocráticas de Hong Kong, y quien fue puesta en libertad la semana pasada, según confirmó el propio Zhou poco antes de ser detenido.
Bajo su mando, además, la prominente abogada Wang Yu, conocida como "la defensora de los desfavorecidos" defendió el caso del intelectual uigur Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua en pleno estallido de la violencia en esa etnia en la región de Xinjiang, y a Cao Shunli, activista que falleció en la cárcel tras serle negado el acceso a tratamiento médico.
| Agencias EFE y DPA |
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